La Procuraduría eleva pliego de cargos a cinco congresistas por parapolítica
La Procuraduría abrió pliego de cargos contra los senadores Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives Lacouture y Dieb Maloof Cuse, y los representantes a la Cámara por el departamento de Magdalena, Jorge Luis Caballero Caballero y Alfonso Antonio Campo Escobar, vinculados a una indagación por supuestos nexos con las autodefensas.
La Procuraduría abrió pliego de cargos contra los senadores Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives Lacouture y Dieb Maloof Cuse, y los representantes a la Cámara por el departamento de Magdalena, Jorge Luis Caballero Caballero y Alfonso Antonio Campo Escobar, vinculados a una indagación por supuestos nexos con las autodefensas.Según la investigación, los tres senadores y los dos representantes hicieron parte de un proyecto local y regional promovido por los paramilitares para fortalecerse políticamente.Esta injerencia se produjo previa a las elecciones de 2002-2006 y sus lineamientos fueron trazados por el jefe de las autodefensas Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.El objetivo de este proyecto paramilitar, a juicio de la Procuraduría, fue el de posicionar a miembros de esa organización criminal, en la administración pública y en los cargos de elección popular. Documentos como el llamado "Pacto de Ralito", el "Convenio Político para el Debate Electoral del 10 de Marzo de 2002 en la Elección de la Cámara de Representantes y el Senado de la República", los documentos encontrados en un allanamiento a la denominada "Caleta de Jorge 40", evidencian el favorecimiento de las autodefensas a estos políticos.Las pruebas demuestran el presunto compromiso de responsabilidad disciplinaria entre los cinco congresistas objeto del pliego de cargos con la organización paramilitar, desde una perspectiva política, en los departamentos de Magdalena y Cesar. En estas zonas del país se ejerció presión social con el fin de favorecerlos como candidatos vinculados al paramilitarismo.A partir de este momento, los cinco congresistas investigados deberán presentar sus descargos y aportar las pruebas que consideren pertinentes para desvirtuar los cargos impuestos por la Procuraduría.




