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Firmantes de paz aceptan penas de la JEP y piden garantías al Gobierno

Los exjefes de las Farc reciben condenas de entre cinco y ocho años por secuestro.

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

Siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc respondieron formalmente a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que les impuso sanciones diferenciadas por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado. Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo recibieron ocho años de sanción; Pastor Alape, siete; Julián Gallo, seis; y Rodrigo Granda, cinco.

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El tribunal ajustó las penas tras resolver las apelaciones, según el peso de responsabilidad de cada uno dentro de la antigua cúpula guerrillera.

A través de un comunicado, los firmantes aseguraron que acatarán lo ordenado por la JEP y que ven en el cumplimiento de las sanciones una vía para reparar a las víctimas y reconstruir el tejido social en las zonas más golpeadas por la guerra.

Sin embargo, condicionaron parte de ese proceso a que se resuelvan varias solicitudes de aclaración pendientes ante el tribunal, presentadas tanto por comparecientes como por víctimas.

El pronunciamiento llega en un momento de tensión entre los firmantes y el nuevo Gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella había planteado, antes de posesionarse, la posibilidad de eliminar de tajo componentes del acuerdo de paz como la propia JEP, postura que no ha repetido desde que asumió el cargo. Ya en el poder, ordenó desmontar la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la Consejería para la Paz, cuyas funciones pasarán al nuevo Comisionado Nacional de Seguridad.

Los exguerrilleros pidieron, precisamente, que se mantengan las garantías para el proceso de reincorporación de los más de 13.000 excombatientes que aún dependen de esa hoja de ruta.

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