Elevan pliego de cargos contra oficiales comprometidos en "chuzadas" a personalidades

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra un general de la Policía Nacional, tres tenientes coroneles, una mayor y un intendente de la institución, al establecer su presunta responsabilidad en la interceptación sin orden judicial de diversas comunicaciones telefónicas a miembros desmovilizados, periodistas y algunas personalidades.
Los hechos ocurrieron entre el 14 y el 21 de mayo de 2007, según las denuncias recibidas por la Procuraduría de políticos y personajes de la vida nacional.
En los cargos se señala a los seis miembros de la Policía de incurrir en supuesta extralimitación de sus funciones al realizar interceptaciones ilegales de sus comunicaciones, omitiendo el control y la seguridad de los resultados de las labores de inteligencia a cargo de la Dirección de la Policia,(Dipol), permitiendo la fuga de información, destruyendo y borrando datos sometidos a reserva, abusando de su autoridad y violando el derecho a la intimidad.
Las interceptaciones, al parecer, fueron efectuadas de manera indebida por los miembros de la Dipol, cumpliendo órdenes para obtener información de las actividades desarrolladas por ex integrantes de las autodefensas y algunas aparecieron después publicadas en medios periodísticos.
Los seis efectivos de la Policía Nacional vinculados en el pliego de cargos son: el General Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); el Teniente Coronel Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel Jairo Noe Ariza González, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel John Lizarazo Suárez, jefe del Grupo de Seguridad Interior y la Mayor Gloria Lucia Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol.
El miembro del nivel ejecutivo incluido en la investigación disciplinaria es la intendente Alisneider Gómez Rondón, quien hacia parte del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol y ejercía como administradora del servidor de la entidad.
En este caso, advirtió la Procuraduría, los miembros de la Dipol investigados desconocieron los derechos fundamentales de quienes participaban en las negociaciones de paz y de los visitantes que ingresaban a las zonas de ubicación previstas con la debida autorización de las instancias gubernamentales encargadas del proceso.
Para la entidad, la actividad de inteligencia se debe cumplir bajo la tutela permanente de la Constitución y en el marco de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos y en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario.