Una llamada anónima ayudó a la captura de los tres presuntos guerrilleros con pruebas de supervivencia

Una llamada anónima al Gaula del Ejército habría sido la clave para facilitar la captura de los tres presuntos integrantes de las FARC que portaban las pruebas de supervivencia de algunos secuestrados, conocidas el pasado viernes.
Según el abogado Luís Fernando Serrano, quien actuó como defensor de los tres detenidos en la audiencia reservada que se llevó a cabo horas después del operativo, la llamada daba aviso sobre personas que pretendían perpetrar un atentado terrorista.
A diferencia de lo que afirma el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, sobre varios días de seguimiento e interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos para poder capturar a los mensajeros del grupo armado ilegal, el abogado defensor dijo que la llamada anónima se produjo el mismo día del operativo. "Lo que la defensa conoce es que la llamada fue una hora antes del arresto", precisó.
En la audiencia en la que se les imputó a los detenidos cargos de rebelión y secuestro extorsivo agravado, Serrano dijo que la captura fue ilegal. Hoy, en diálogo con Caracol Radio, explicó que los agentes del CTI no dieron aviso a la Fiscalía que efectuarían esa acción, sino después del resultado de la misma.
"El procedimiento señala que se debe informar antes del operativo a algún fiscal delegado", señaló el jurista. En los próximos días, ante un Juzgado de Bogotá, la defensa de los tres detenidos con las pruebas de supervivencia, presentará sus argumentos sobre la presunta ilegalidad de la captura. En caso que la apelación sea aceptada, los presuntos guerrilleros podrían quedar en libertad.
"Fiscalía rompió cadena de custodia".
Rodolfo Ríos Lozano, el abogado que asumió la defensa de Cindy Tumay Cuevas y Briyith Adriana Vega, dos de las detenidas, advirtió que la Fiscalía rompió la cadena de custodia de las pruebas que tiene contra los mensajeros de las FARC.
Los videos y cartas de los secuestrados, incautados por ese organismo judicial, sirven a su vez como pruebas contra los tres mensajeros de esa organización que afrontan cargos por rebelión y secuestro extorsivo agravado. Sin embargo, estas podrían perder validez dentro del proceso judicial, según el jurista.
Ríos Lozano explicó que la Fiscalía rompió la cadena de custodia al permitir que el Gobierno nacional conociera los videos y cartas de los rehenes, sin previa autorización de un juez.