Familia Pinochet gana batalla judicial al anular Corte sus procesamientos

La viuda y cuatro de los cinco hijos del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, así como varios de sus colaboradores, obtuvieron hoy una victoria judicial, al anular la Corte de Apelaciones de Santiago sus procesamientos por malversación de fondos públicos.
Dicho tribunal acogió los recursos de amparo presentados a favor de Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, y de sus hijos Marco Antonio, Lucía, Verónica y Jacqueline, así como los de ocho de los 17 colaboradores procesados el pasado 4 de octubre por el juez Carlos Cerda.
El gobierno reaccionó al fallo a través del ministro Portavoz, Ricardo Lagos Weber, quien señaló que "fue una decisión de los tribunales y son ellos los que toman estas resoluciones y quienes las pueden revisar. Es lo único que puedo señalar", dijo.
El juez Cerda, en tanto, se limitó a decir que no tiene "nada que declarar", al ser abordado por los periodistas.
Al dar a conocer el dictamen, el magistrado Juan Eduardo Fuentes precisó que el tribunal también anuló, de oficio, los procesamientos del coronel retirado Mortimer Jofré y del civil Patricio Madariaga, que no habían recurrido de amparo.
Los colaboradores favorecidos fueron el abogado Ambrosio Rodríguez; el ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken; los generales retirados Sergio Moreno, Guillermo Letelier, Guillermo Garín y Juan Romero, así como el ex coronel José Sobarzo y el ex brigadier Jaime Lepe.
La Corte sólo rechazó dos amparos, el del abogado Gustavo Collao y del coronel retirado Eduardo Castillo.
Augusto Pinochet Hiriart, el restante hijo del dictador, que falleció en diciembre del año pasado, seguirá procesado, al igual que otros cinco colaboradores, al no haber recurrido de amparo.
Los procesamientos fueron dictados por Cerda en el marco del llamado "caso Riggs", referido al origen de la fortuna, calculada en más de 26 millones de dólares, que Pinochet acumuló en cuentas secretas que manejaba en el Riggs Bank de EE.UU. y otras entidades del extranjero.
De esa suma, más de 20 millones de dólares aparecen sin justificación, según el expediente.
La malversación, según la resolución del juez, se habría cometido mediante la desviación a las cuentas de Pinochet de fondos reservados de la Presidencia de la República a través de la Casa Militar, un organismo asesor castrense del dictador.
Al dictar los procesamientos, el magistrado también ordenó el arresto de los imputados, que pasaron dos días en la cárcel, con excepción de Lucía Hiriart, que cumplió la detención preventiva en el hospital militar, a causa de una subida de presión.
En su resolución de hoy, la Corte de Apelaciones tuvo en cuenta los antecedentes entregados por las partes durante los alegatos, precisó Fuentes.
En los alegatos, los defensores basaron su argumentación en que tanto la familia de Pinochet como sus colaboradores no pudieron cometer malversación de fondos públicos porque no eran funcionarios del Estado.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el caso, señaló que la fortuna de Pinochet se cimentó en el uso de fondos reservados y el comercio de armas y acusó a su hijo Marco Antonio de ser "el gran operador" de las cuentas secretas hasta el 2004.
El dictamen de hoy señala también que el juez Cerda, al interrogar a los imputados, no les preguntó específicamente por los fondos reservados, los caudales públicos ni sobre el manejo de los mismos.
Esto último abre la puerta a la posibilidad de que el juez enmiende esa omisión y cite a los imputados para preguntarles sobre ese punto específico, puesto que se trata de una cuestión de procedimiento que no se relaciona con el fondo de los hechos investigados, explicaron a Efe fuentes de la acusación.
Tras difundirse la resolución de hoy, el abogado Alfonso Insunza, de la acusación particular, anunció que apelará ante la Corte Suprema, para lo cual tiene 24 horas de plazo.
Insunza consideró "extraño" que se hayan anulado los procesamientos, que -en su opinión- "se ajustan a derecho".
Por su parte, los imputados y sus defensores se mostraron satisfechos con la resolución.
"Me parece bien, creo que es un fallo justo, no tengo nada más que decir", comentó el general retirado Guillermo Garín, quien fue jefe de la "Casa Militar".
"Teníamos la confianza absoluta de que debía ser acogido este amparo, porque el procesamiento no se ajustaba al delito que se le imputa a determinados funcionarios públicos", afirmó, por su parte, Hugo Ortiz de Philippi, defensor de Lucía Pinochet Hiriart.
Alberto Ríos, representante de Jacqueline Pinochet, destacó que "ella no podía haber cometido jamás ese delito", mientras Fernando Rabat, defensor de Lucía Hiriart, dijo que el fallo deja en evidencia lo que han dicho desde un comienzo, "que la decisión del ministro (juez) Cerda no se ajustaba a derecho".