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El Congreso debe avanzar en la reglamentación del homicidio piadoso y el suicidio asistido, dice Procurador

La decisión del Congreso de incluir la inducción o ayuda al suicidio como delito menor en el Código de Procedimiento Penal no puede considerarse una desprotección al derecho a la vida.

La decisión del Congreso de incluir la inducción o ayuda al suicidio como delito menor en el Código de Procedimiento Penal no puede considerarse una desprotección al derecho a la vida.
Con estos argumentos, la Procuraduría desechó los planteamientos presentados en una demanda presentada ante la Corte Constitucional.
Para el demandante, esta clasificación vulnera la Constitución debido a que desprotege el derecho a la vida y desconoce su especial protección constitucional. A su juicio, los delitos contra la vida no pueden ser considerados de menor impacto social.
En un concepto dijo que quien asiste a una persona que requiere el homicidio por piedad, el tercero no representa una amenaza o ataque sino una influencia o una colaboración eficaz para lograr su propósito.
"A partir de este razonamiento, no cabe la acusación del demandante en cuanto a que se está desprotegiendo el derecho de las personas a la vida, pues el deber del Estado es proteger la vida de los ataques y amenazas de terceros y del mismo Estado, los cuales en este caso no se verifican dice el concepto.
El organismo de control señaló que espera que el Congreso avance hacia una regulación legal despenalizadora de las figuras de homicidio piadoso, suicidio asistido y ayuda al suicidio, en los casos de personas que se encuentren en situación extrema de postración por enfermedad terminal.
En el concepto, la Procuraduría consideró que la protección especial del derecho fundamental a la vida no implica que todos los delitos relacionados deban ser investigados de oficio por el Estado, en particular, si no son la causa principal y determinante de la muerte de una persona sino sólo un elemento de la decisión o de la realización del mismo sujeto.
Por su parte la iglesia dice que quienes ayudan a morir a una persona a través de la eutanasia están faltando y vulnerando al derecho a la vida.
El secretario general de la Conferencia Episcopal monseñor, Fabián Marulanda, dijo que bajo ningún motivo se puede ver como una conducta de menor relevancia el hecho que una persona ayude o induzca a la muerte de otra bajo ningún motivo.
Dijo que ante una persona enferma los familiares y amigos deben ayudarla estando a su lado y asentiéndola con los medicamentos que requiera.
Agregó que la posición de la iglesia ya es de conocimiento del congreso y mas que una prohibición de ley es una cuestión de conciencia ya que todo lo que atente contra la vida es considerado como un pecado.

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