Procuraduría abre investigación disciplinaria para establecer la responsabilidad por la muerte de 21 mineros

Tras iniciar las investigaciones disciplinarias para establecer la responsabilidad por los hechos sucedidos en el municipio de Suárez, Cauca, donde 21 mineros perdieron la vida, la Procuraduría evidenció que la actividad minera se desarrolla en medio de la improvisación.
El ministerio publico constato que la minería se desarrolla con un bajo nivel tecnológico, una deficiente planeación y una inversión económica limitada, generando un grave impacto ambiental y social.
La Procuraduría considera que el principal problema que existe es el ineficiente cumplimiento de los programas de minería concebidos por el Gobierno Nacional.
En el último proceso de legalización hecha en el 2004 , se presentaron 2 mil 800 solicitudes de legalización de actividades de minería de hecho, de las cuales se rechazaron 2.085 y de las 715 que quedaron en trámite, tan solo 413 tiene visita conjunta, el resto están pendientes de ser subsanadas.
En estas visitas se estableció que 124 eran viables y, en tan sólo en 47 de ellas se han iniciado los estudios pertinentes para iniciar su explotación. El resto esta pendiente de los informes técnicos, pese a que ha pasado más de dos años de haber finalizado el período límite para la presentación de solicitudes.
Las demoras presentadas en este proceso de legalización, obedecen a que en la normatividad existente se determinó que el costo de la visita conjunta (por parte de las autoridades mineras y ambientales) y la elaboración de los Planes de Trabajo y Obras y de los Planes de Manejo Ambiental, sería asumido por el Estado; sin embargo, las autoridades competentes no realizaron las apropiaciones presupuestales necesarias para su elaboración.
Según el Procurador este panorama "muestra sin duda alguna el fracaso de este proceso de legalización, el cual, pese a su bajo nivel de ejecución se pretende extender mediante un proyecto de ley que modifica el Código de Minas y que en la actualidad se encuentra en curso en el Congreso".
El Ministerio Público ha detectado que la autoridad municipal no está efectuando los cierres ya que en la mayoría de los casos el cierre genera un grave problema social, pues las poblaciones circundantes a la zona generan sus únicos ingresos de la actividad minera; por razones de seguridad, y, Porque,la actividad minera es ejercida por quien detenta el poder político de la zona.
En consecuencia, los trabajadores asumen, en la exploración y explotación minera, un alto costo, pues no solo sacrifican su vida, sino su salud, todo debido a la carencia de seguridad laboral con la cual desarrollan sus actividades.