Avanza la reestructuración en la Policía por las interceptaciones telefónicas

El general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, reveló que avanza un plan de reestructuración para evitar nuevos casos de interceptaciones telefónicas ilegales por parte de miembros de la Institución.
En diálogo con Caracol Radio, el oficial sostuvo que desde el momento en que se conocieron las presuntas irregularidades, se inició un riguroso control interno en la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, y comenzó el nombramiento de personal altamente calificado en las unidades de inteligencia y contrainteligencia.
"Se han tomado muchas medidas, solicitamos a la Fiscalía que iniciara la investigación penal, y le pedimos a la Procuraduría que con base en el poder preferente comenzara las investigaciones disciplinarias", explicó el general Naranjo.
El director de la Policía sostuvo que acata y respeta la decisión de la Procuraduría, que abrió una investigación disciplinaria formal contra siete miembros de la institución, presuntamente vinculados con la interceptación ilegal de llamadas telefónicas.
"Ellos tendrán que explicar ante la Procuraduría sus actuaciones, tengo la certeza de que la decisión del ministerio Público se basa en documentos y testimonios", manifestó Naranjo.
Abren investigación contra 7 oficiales y 6 suboficiales
La apertura formal de investigación emitida por la Procuraduría cobija a un general, tres coroneles, dos mayores y una intendente sindicados de haber filtrados a través de una revista el contenido de comunicaciones interceptadas a cabecillas de grupos armados al margen de la ley y a diversos personajes de la vida nacional.
La determinación cobija al general Guillermo Chavez Ocaña, director de inteligencia de la Policía Nacional quien cuenta con 27 años de servicio en la institución.
Asi mismo se ordena abrir investigación y suspensión provisional de los coroneles Luis Antonio Rueda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia; Jairo Ariza Gonzalez, jefe del Área de Contrainteligencia; Jhon Lizarazo Suarez, Jefe del grupo de Seguridad Interior de Contrainteligencia; los mayores, Mauricio Pedraza Rocha, jefe del grupo de Procesamiento de Señales e Imágenes; Gloria Lucía Otálora Gómez, Jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de Información y a la Intendente, Jefe Alisneider Gómez Rondón, administradora de Seguridad Informática.
Estas personas son retiradas para evitar que interfieran con la investigación como lo han venido haciendo, dice la Procuraduría.
Según el Ministerio Público se logró establecer que hubo interceptación de comunicaciones sin orden judicial, ausencia de seguridad de la información a cargo de la inteligencia de la policía y violación de los derechos a la intimidad.
Otra de las conductas encontradas por la Procuraduría fué el acceso irregular de información y la entrega a los medios de comunicación con la consecuente afectación de los derechos fundamentales.
La Procuraduría en la investigación encontró que la información fue intervenida desde enero de 2007, sin que se tomaran las medidas de protección necesarias pese a haber sido borrados algunos archivos usados por contrainteligencia, ademas existen evidencia que la información almacenada en el servidor ARPIN fue eliminada y posteriormente recuperada cuando se produjo el movimiento de personal en la cúpula de la dirección de la División Inteligencia de la Policía DIPOL , tras la publicación en los medios de comunicación.
Asi mismo se conoció que uno de los suboficiales de la DIPOL fue sometido a tratos degradantes por parte de sus superiores, al parecer con el objeto de conocer el origen de las filtraciones que afectaban la institución.