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Se abre debate por propuesta para hacer política formulada por 'paras' desmovilizados

Un asesor del gobierno y un ex presidente de la Corte Constitucional dividieron opiniones frente a la carta de los paramilitares desmovilizados que piden permiso para participar en política. Mientras que el asesor José Obdulio Gaviria recomienda abrir el debate, el ex magistrado Eduardo Cifuentes cree que no hay posibilidad alguna de hacer proselitismo

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Se abre debate por propuesta para hacer política formulada por 'paras' desmovilizados

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Un asesor del gobierno y un ex presidente de la Corte Constitucional dividieron opiniones frente a la carta de los paramilitares desmovilizados que piden permiso para participar en política. Mientras que el asesor José Obdulio Gaviria recomienda abrir el debate, el ex magistrado Eduardo Cifuentes cree que no hay posibilidad alguna de hacer proselitismo.
El ex presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes Muñoz, consideró que los ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, no pueden participar en política, hasta que no concluya su proceso judicial ante los tribunales de Justicia y Paz.
En diálogo con Caracol Radio, el jurista manifestó que desde el punto de vista constitucional, primero debe concluir el trabajo de los fiscales y magistrados, para luego determinar cuáles de los ex comandantes de las autodefensas pueden participar en política.
"De acuerdo con los resultados de la investigación, se podría determinar cuáles de los ex jefes paramilitares que no sean condenados, podrían hacer proselitismo político", explicó Cifuentes.
Sostuvo que "en estos momentos una decisión sobre una eventual participación en política de los ex jefes paramilitares, no depende del gobierno nacional, sino de los avances de los procesos judiciales".
Cifuentes dijo que sería un "atentado a la democracia", que se les permitiera a los ex comandantes de las autodefensas, participar en política, sin haber concluido su proceso ante los tribunales de Justicia y Paz.
Asesor presidencial pide abrir el debate
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria, sostuvo que se debe abrir el debate en el país, sobre la posibilidad de que los ex jefes paramilitares que no sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política, una vez concluya su proceso ante la justicia colombiana.
En diálogo con Caracol Radio, Gaviria dijo que en su opinión, "ese es un asunto para analizar y estudiar, desde la academia y desde los medios de comunicación, para que se detecten los aspectos positivos y negativos" que tendría una eventual participación de los ex comandantes de las autodefensas, en proselitismo político.
Agregó que no está de acuerdo con la posibilidad de que los ex jefes paramilitares, que actualmente están detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, tengan la posibilidad de hacer actividades políticas, mientras no se les resuelva su situación jurídica.
La carta
La carta firmada por Salvatore Mancuso, "Jorge 40", Hernán Giraldo y otros 11 ex jefes de las autodefensas recluidos en la cárcel de Itaguí, refleja su deseo de hacer política en las regiones donde ejercían su poder a través de las armas.
Expresan que " ha llegado el momento, de producir un salto cualitativo del proceso de paz con las autodefensas. Completada la etapa del desarme y la desmovilización no nos parece políticamente correcto circunscribir el presente y el futuro, solamente a la etapa judicial".
Agregan: "No podemos dejar de mencionarle que, aun tras este duro trance de perdida de la libertad y dedicación a la defensa judicial, se nos sigue recordando desde donde alguna vez ostentamos el poder ilegal y armado, que seremos bienvenidos y apoyados en la lucha política desarmada y democrática".
En la misiva fechada el 14 de marzo, los paramilitares "invitan" al presidente Uribe a estudiar "aquel componente que se relaciona directamente con la incorporación de los desmovilizados al libre juego de los movimientos y partidos políticos, con plenos derechos a debatir en lo público nuestras razones y lecturas del actual proceso".
Proponen que el Ministerio del Interior se ocupe de su petición y que se nombren voceros de parte y parte para discutir su futura participación en la política legal y desarmada.

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