Investigan a tres oficiales del Ejército por supuestos vínculos con paramilitares en Cundinamarca

La Fiscalía dictó resolución de acusación y orden de captura contra un coronel (r) y dos mayores en servicio activo del Ejército Nacional por su supuesta alianza con las Autodefensas Unidas del Casanare. Los uniformados cobijados con la medida son el coronel (r) Rodrigo Alfonso González Medina, el mayor Alexander Lizarazo Parra (hoy en curso de ascenso a Teniente Coronel) y el mayor Alejandro Robayo Rodríguez (hasta hace poco comandante del grupo GAULA del Ejército en el Cesar).
La Fiscalía les imputa a los oficiales delitos como Concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple agravado, terrorismo, desplazamiento forzado, desaparición forzada y secuestro agravado, entre otros.
Caracol Radio conoció la declaración juramentada ante la Fiscalía de un suboficial del Ejército, que en su momento fue subalterno del coronel González.
Según el testimonio, el coronel González y los mayores Lizarazo y Robayo se aliaron con las Autodefensas Unidas del Casanare para perpetrar asesinatos selectivos, torturas a campesinos, desapariciones y desplazamientos, durante los meses de febrero y marzo del 2003 en la zona de Viotá, Cundinamarca, cuando los oficiales hacían parte de la primera línea de mando del Batallón de Infantería Colombia No. 28, con jurisdicción en la región del Sumapaz.
En su declaración juramentada ante la Fiscalía el suboficial asegura que:"A principios del año 2003 el coronel González se reunió con los comandantes de las Autodefensas del Casanare, grupo 'Las Especiales', con el fin de coordinar como iban a limpiar la jurisdicción del Batallón Colombia de la guerrilla".
Continúa su relato diciendo: "un paramilitar le informó que los oficiales mencionados recibían dinero de la organización delictiva, desde el coronel González, a quien le pagaban 30 millones de pesos mensuales de las Autodefensas y que Robayo (entonces capitán) manejaba las conexiones entre el Ejército y las autodefensas para coordinar con las tropas el cubrimiento de las seguridad de las reuniones".
A los militares se les investiga por la muerte de al menos 15 campesinos y la desaparición de otros siete. También del desplazamiento forzado de entre 2000 y 3000 habitantes de veredas de Viotá, a finales de marzo del 2003.
Hoy los oficiales en servicio activo se encuentran detenidos en guarniciones militares, mientras que el coronel en retiro se encuentra prófugo de la justicia.
La Procuraduría no encuentra méritos
Un concepto del Ministerio Público pide a la Fiscalía precluir la investigación contra los oficiales del Ejército, por no encontrar méritos para dictarles resolución de acusación y orden del captura.
Para la Procuradora 25 judicial II penal no existen los elementos de juicio suficientes para dictar las medidas contra los oficiales.
"A lo largo de la investigación se han practicado múltiples pruebas, especialmente testimonios, en su gran mayoría de reinsertados de las AUC, sin que ninguno de ellos sindique de manera directa o indirecta a los oficiales González, Lizarazo y Robayo", señala el concepto de la funcionaria judicial.
Sin embargo la formulación de la Procuraduría no fue atendida por el fiscal del caso, que decidió continuar con el proceso.
Se trata del segundo caso de investigación penal contra miembros en servicio activo del Ejército por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
El primero que se conoció es el del coronel Hernán Mejía, separado de su cargo como comandante de la Brigada Móvil 13, investigado por supuestamente haber colaborado con el grupo de "Jorge 40".