El partido Cambio Radical investiga el pasado comportamiento ético de un congresista

Por primera vez desde que entró a regir el sistema de bancadas, un partido político llama a uno de sus congresistas ante su consejo de control ético por serias imputaciones de conductas anteriores a su ejercicio como legislador.
Se trata del partido Cambio Radical, que citó para el próximo 13 de diciembre al controvertido representante a la Cámara Oscar Gómez Agudelo, del Quindío, quien en septiembre de 2000 fue capturado en Armenia bajo la sindicación de delitos atentatorios de la libertad y el pudor sexuales en menor de edad.
También acusado de un homicidio cometido en la misma ciudad en junio de 1997, de la supuesta desaparición de un joven , del intento de homicidio de un político quindiano y de la compra y porte de sustancias alucinógenas.
Gómez Agudelo dijo a Caracol Radio que comparecerá ante el consejo ético de su partido en la fecha prevista y llevará todos los documentos en los que demuestra que en las instancias judiciales fue exonerado de los cargos imputados. "Mi juez ha sido la Fiscalía y la Fiscalía me ha juzgado frente a las imputaciones", dijo el congresista.
El representante quindiano tendrá que enfrentarse a los cuestionamientos de los integrantes del tribunal ético, que según su reglamento puede solicitar la expulsión de un miembro cuando se compruebe que ha infringido las normas de la moral social y la moral política, cuando haya incurrido en hechos que atenten contra la buena fe o los generales de la comunidad o la sociedad.
También cuando la conducta del investigado "no corresponda a la honestidad y el decoro, o la ética basada en los derechos humanos de gozar en equidad de la libertad y el bienestar".
Aunque Gómez Agudelo afirma que los actos por los cuales fue investigado ocurrieron con anterioridad a su desempeño como político, el reglamento ético de Cambio Radical indica "se tendrá en cuenta que la moral es intemporal y por tanto las valoraciones se aplican a cualquier época en que hayan sucedido los hechos; no requiere la preexistencia de la norma porque se considera que la moral no necesariamente se expresa positivamente; no se aplica la presunción de inocencia porque el bien protegido es el superior de la moral pública; y por la misma razón tampoco se tiene como aplicable el principio del beneficio de la duda a favor del acusado".