Venezuela garantiza a España que no le concederá la nacionalidad a cuatro etarras

El Gobierno de Venezuela garantizó hoy al de España que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras residentes en el país y que no indemnizará a otros dos miembros de la banda terrorista vasca expulsados en 2002, según informaron a Efe fuentes diplomáticas.
Un portavoz del ministerio español de Exteriores explicó que el embajador de España en Caracas, Raul Morodo, se entrevistó este martes con el canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien le aseguró que las autoridades de su país "desautorizan" el contenido de los acuerdos de los que se han hecho eco informaciones periodísticas.
Según esas informaciones, los etarras Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Aiestaran, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Angel Aldana habrían obtenido el compromiso para conseguir la nacionalidad venezolana y no poder ser extraditados a España, y otros dos miembros de la banda serían indemnizados con unos 420.00 dólares por haber sido entregados a la justicia española en 2002.
La respuesta del Gobierno venezolano se produjo después de que las autoridades españolas pidieran de forma reiterada que se aclarara "urgentemente" si existían esos compromisos con los seis etarras.
El mismo jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de visita oficial en Senegal, dijo que había que esperar "para ver si toda la información fuera exactamente así, por si se hubiera producido la consumación de esas adquisiciones de nacionalidad".
Un portavoz de la embajada venezolana en España señalaba, por su parte, que se estaba trabajando "arduamente", a través de las respectivas delegaciones diplomáticas y ministerios de Exteriores, para arreglar la situación "lo antes posible".
De forma paralela a las gestiones diplomáticas, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, ordenaba el estudio de las causas judiciales de los cuatro etarras a los que supuestamente se iba a conceder la nacionalidad venezolana para comprobar si había posibilidades de pedir su extradición.
Zaragoza también señaló que si se confirma el cobro de los 420.000 dólares por parte de los también miembros de ETA Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola se estudiaría la posibilidad de hacer una reclamación para que hicieran frente a las responsabilidades civiles que les fueron impuestas en sentencia.
Etxaniz fue condenado a penas que superan los 185 años de prisión por su intervención en varios atentados durante los primeros años 80 del pasado Siglo, mientras que Galarza está en libertad después de haber cumplido una pena de 6 años de prisión por colaboración con organización terrorista.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional recordó que el pasado 24 de noviembre dictó una nota de servicio similar respecto del caso del etarra Arturo Cubillas, cuya mujer fue contratada recientemente por el Gobierno venezolano.
Cubillas es uno de los once miembros de ETA que en mayo de 1989 fueron trasladados desde Argel a Venezuela y trabaja también para el Ejecutivo de Venezuela adscrito a la oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras.
Mientras se aclaraba este conflictivo caso -que se produce en el momento más complicado del proceso abierto por el alto el fuego declarado hace ocho meses por ETA- el opositor Partido Popular ya ha pedido explicaciones al Gobierno español y le ha censurado a Zapatero sus relaciones con el presidente venezolano, Hugo Chávez.