Impuesto al patrimonio "divide" a empresarios

La polémica propuesta del gobierno de renovar el impuesto de guerra para modernizar el aparato militar del Estado, generó diversas reacciones, en ocasiones encontradas, entre los dirigentes gremiales del país.
El presidente de la Sac, Rafael Mejía, propuso generalizar el cobro del tributo de tal manera que su aplicación recaiga sobre todo colombiano que tenga alguna propiedad.
La presidenta de la Asobancaria, Patricia Cárdenas Santamaria dijo que los banqueros respaldan la política de seguridad democrática pero indicó que la propuesta que llevará finalmente al Congreso el gobierno debe ser analizada con mucho cuidado para evaluar sus implicaciones..
"En este tema del impuesto al patrimonio sí insistimos en que debe tener un énfasis en la agenda social", afirmó el presidente de Confecámaras al llamar la atención en las necesidades que tiene el país en materia de salud, educación, vivienda, generación de empleo y crecimiento económico.
Por su parte el presidente de Fedegan, José Felix Lafaurié, respaldó la iniciativa pero exigió mayores explicaciones sobre el destino cierto que se le dará a los 8,6 billones de pesos que se proyectan recaudar.
El gobierno dice que el impuesto al patrimonio sí es constitucional
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, consideró que el impuesto al patrimonio tiene la suficiente solidez jurídica como para salir triunfante en la revisión que hará la Corte Constitucional.
Santos señaló que hace 4 años el impuesto al patrimonio no tuvo inconvenientes durante su tránsito por el Congreso y que no ve por qué en esta ocasión fuera a enfrentar a obstáculos de ninguna especie.
El ministro agregó que el país no puede perder equipos militares que deben ser repotenciados con urgencia y que Colombia además, necesita la consolidación de la política de seguridad democrática, la cual se logra con dicho tributo.
Santos respondió así a las declaraciones del ex ministro de hacienda, Juan Camilo Restrepo, al asegurar que el impuesto al patrimonio corre el riesgo de ser declarado inconstitucional en la Corte porque el Congreso no tiene la capacidad para aprobar impuestos con destinación específica, a menos que se trate de inversión social.