Incertidumbre por la orden de desalojar las Islas de Rosario

Los habitantes de las Islas del Rosario en Cartagena, tanto nativos como hoteleros, no comprenden la decisión del gobierno nacional de desalojarlos, si en tres meses no concilian un arriendo mensual sobre los predios que hoy ocupan.
Caracol Radio hizo un recorrido por varias áreas de esta zona que comprende unas 130 islas para conocer lo que ellos piensan y coincidieron en catalogar la decisión como un abuso y atropello contra quienes hacen muchísimos años, ejercen dominio sobre estos territorios en litigio.
Elizabeth Zúñiga, propietaria de la Isla Lisamar dijo que no entiende cómo pretenden quitarle lo que con tantos años de esfuerzos construyó y que además compró a un nativo hace muchos tiempo.
Explicó que de darse el desalojo anunciado por el gobierno por lo menos unas 20 mil personas que derivan el sustento diario de esa actividad turística quedarían en la calle.
Otra de las consultadas, la señora Juana de Dios Molina, sostiene que mejor les dejen caer una bomba y los maten a todos para que los puedan sacar de las Islas del Rosario.
La mayoría de estos nativos, es gente humilde que vive de la pesca, la venta de collares, artesanías, cocos, langostas, arepas y paseos en cayucoso canoas. Ellos se preguntan para dónde van a salir si el gobierno cumple con esta orden de desalojo.
Piden al Consejo de Estado revisar la orden de desalojo en Islas del Rosario
Un equipo de abogados que defienden a más de 100 nativos y personas jurídicas que tienen predios en las Islas del Rosario y cuyos terrenos reclama la nación por una supuesta invasión, anunció que interpondrá un recurso de revisión ante el Consejo de estado.
Los juristas Carmelo Martínez Conn y William Gil Santamaría recibieron poder de estas personas y hoteles, para que los representen en este litigio jurídico que lleva varios años.
El abogado Gil Santamaría, al comentar la orden de desalojo del gobierno para quienes habitan estos terrenos, dijo que no puede darse una medida violenta de desalojo por intermedio de la fuerza pública, mientras el Consejo de Estado no resuelva el recurso que va a interponer.
Tambien consideró como inaceptable la presión del gobierno nacional de obligar a los poseedores de estos terrenos en litigio a suscribir contratos de arrendamientos y en unas circunstancias curiosas, con unos valores extremadamente bajos.
Entre tanto, la Alcaldía de Cartagena nombró al Alcalde de la localidad histórica y del Caribe Norte, Juan Alíes, para que se encargue de notificar a los poseedores de estos terrenos de las decisiones de desalojo si en tres meses no han llegado a un acuerdo en materia de arrendamiento de estos sitios, donde existen casas, fincas y lujosos hoteles.
La Alcaldía de Cartagena esperará tres meses para desalojar a los ocupantes de las Islas del Rosario
El anuncio del mandatario distrital, Nicolás Curi, se hizo después del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Agricultura, que lo conminaron a desalojar a los nativos y empresarios turísticos que tiene posesión de esos predios desde hace años.
El ultimátum de tres meses a los poseedores de terrenos de la Nación en las Islas del Rosario, es para que suscriban contratos de arriendos con el gobierno o de lo contrario serán desalojados.
Curi dijo que no ha dado la orden de desalojo porque fue notificado hace dos días y el plazo que fija el Ministerio es de tres meses para proceder a retirar a quienes ilegalmente se encuentran en estas tierras.
Sin embargo, confirmó que ya ha hubo un acuerdo de arrendamiento con ocho poseedores de estos terrenos en Isla grande, sector Caño de Ratón, San Martín de Pajarales, Isla de Tambito, El Palmar y El Peñón, quienes firmaron contratos a ocho años.
Por el momento no se logrado concertar con los ocupantes de las Islas de Cocoliso, Matamba, La Cocotera e Isla Medora.
El gobierno nacional recientemente ordenó la suscripción de contratos de arrendamientos con quienes tiene la posesión de estos terrenos en litigio, mientras se define la propiedad de los mismos y el canon mensual será el uno
por ciento del valor total del terreno.
El alcalde Nicolás Curi, le pidió al gobierno nacional compartir los dineros que se obtengan de los arriendos, ya que por impuesto predial, los terrenos en litigio adeudan mas de ocho mil millones de pesos.