Vicepresidente Santos se enojó al defender el proceso de paz con las Autodefensas

El vicepresidente, Francisco Santos, se salió de casillas y se retiró de una rueda de prensa tras cuestionársele por los beneficios penales de que gozaría Salvatore Mancuso con la Ley de Justicia Paz, a pesar de su responsabilidad en la masacre de Ituango por la que el Estado fue condenado.
El vicepresidente salió en defensa del proceso que se adelanta con las Autodefensas y dijo que "no se le debe echar más candela al problema, pues es preferible tenerlos desmovilizados que matándo colombianos".
El alto funcionario hizo un llamado a los medios de comunicación para que entiendan que no existe un proceso de paz perfecto, al tiempo que pidió que no sean quemados en la hoguera pública los desmovilizados.
"No hay proceso ideal, pero ya hay mucha gente que está desmovilizada que pasará ante un juez. No los quememos en la hoguera pública ¿o es que vamos hacer lo mismo con el señor Gabino o Antonio García?", añadió el vicepresidente.
Sin embargo, aclaró que habrá justicia en el proceso, pues dijo que cuando Salvatore Mancuso pase al frente del juez deberá responder por todos sus actos. Reiteró que el proceso requiere generosidad.
El Estado colombiano acata con respeto la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se comprometió a cumplir con las obligaciones que le impuso el tribunal internacional.
Debate jurídico por condena al Estado que impediría beneficios de Justicia y Paz en caso Ituango
La condena que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por la masacre de Ituango (Antioquia), desató un debate jurídico sobre la imposibilidad de otorgar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, a los responsables de este crimen que actualmente de encuentran desmovilizados.
Para el ex procurador general, Jaime Bernal Cuellar, la sentencia de la Corte no afecta el otorgamiento de los beneficios a los miembros de las autodefensas que se encuentran vinculados en el proceso de paz.
Explicó que "la Ley de Justicia y Paz se aplica sobre los hechos cometidos por las personas pertenecientes a estos grupos a partir de su vinculación y hasta su desmovilización, por lo cual quedan amparados con los beneficios que establece la Ley".
En diálogo con Caracol Radio el presidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño, manifestó que "la realización de la justicia necesariamente impone la aplicación de penas, lo que no resulta incompatible con los beneficios que otorga el legislador a quienes se acojan a los procesos de paz".
Córdoba Triviño, sin embargo, advirtió que "un proceso de desmovilización sin la aplicación de penas, y sin la posibilidad de realizar de los derechos de las víctimas, resulta ser una paz inconstitucional", por lo que el Estado no debe dudar en procurar la "verdad, la justicia y la reparación" para las víctimas de la violencia.
El ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, dijo que "se observa una incompatibilidad entre la filosofía de sentencia de la Corte Interamericana por la responsabilidad de Estado en la masacre de Ituango, donde se exige verdad - justicia y reparación, que son precisamente los principios que no se observan con claridad en la Ley de Justicia y Paz".