Fiscalía pide anular la determinación del juez de Cali en caso Jamundí

El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, señaló que no es procedente la determinación del juez de Cali, quien se declaró impedido en el proceso contra 15 militares por la muerte de 10 policías en Jamundí, Valle y por tanto remitió el caso a la Justicia Penal Militar.
Iguarán señaló que la Fiscalía acudirán a la facultad que tiene para pedir la nulidad de esta determinación, más aún cuando ya se había resuelto el conflicto de competencias.
Dijo el fiscal que esta desición no se puede interpretar como un delito o un fallo, sino como una acción que puede y debe ser sometida a los recursos de ley, y consideró que esta situación va en contravía al derecho.
La competencia sobre la masacre de Jamundí la resolverá el Consejo de la Judicatura
La sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura será la encargada de resolver "la colisión de competencias", para establecer si la justicia ordinaria o la penal militar asumen el proceso contra los 15 militares que son supuestos responsables de la muerte de 10 agentes de la Dijín y un civil en Jamundí (Valle del Cauca).
Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura recordaron que "existe jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se advierte que los casos de uniformados procesados por delitos de lesa humanidad no pueden ser conocidos por la justicia penal miliar".
El magistrado Fernando Coral Villota aclaró, en diálogo con Caracol Radio, que si un juez ordinario rechaza un expediente y lo remite al tribunal militar, sólo se establecería conflicto de competencia si esta jurisdicción también lo rechaza, o si la solicitud es formulada por el fiscal general.
Caracol Radio también consultó al magistrado Rubén Dario Henao, quien señaló que jurídicamente es válida la decisión del juez de Cali, Oscar Hurtado, de rechazar la competencia sobre el caso Jamundí, a pesar de que en su contra existe una condena por prevaricato.
Sorpresa y rechazo en las Fuerzas Militares por decisión de un juez sobre el caso Jamundí
El saliente ministro de Defensa, Camilo Ospina, y los altos mandos militares y de policía se declararon respetuosos pero en desacuerdo de la decisión de un juez de Cali de entregar a la Justicia Penal Militar el caso Jamundí.
El ministro Ospina dijo que lo que hizo el juez fue trabar un conflicto de competencia que fue lo que precisamente quiso evitar el gobierno en primera instancia.
El comandante de las FFMM, general Carlos Alberto Ospina, señaló que se aparta de la decisiones judiciales pero indicó que " sea como sea lo que necesita el país es que se sepa la verdad".
Por su parte del director de la Policía general, Jorge Daniel Castro, rechazó abiertamente la decisión judicial, asegurando de "lo que ocurrió en Jamundí no fue un acto del servicio" y se declaró preocupado por lo que pueda pasar tras la decisión del juez que adelanta el caso.
Caso Jamundí, a Justicia Penal Militar
Oscar Hurtado Reina, juez de conocimiento que llevaba en Cali el proceso por la masacre de 10 policías y un civil en Jamundí, Valle, ordenó el traslado del caso a la justicia penal militar.
Al iniciarse la audiencia pública de juzgamiento contra 15 militares del Batallón de Alta Montaña Rodrigo Lloreda, el juez argumentó que era incompetente para mantener el proceso en la justicia ordinaria, ya que los militares implicados se encontraban uniformados y en servicio en el momento de los hechos.
Hurtado Reina explicó que si el juez militar no acepta, se propondrá una colisión de competencias, que en ese caso deberá dirimir el Consejo Superior de la Judicatura.
El ex coronel Bayron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña, llegó al lugar con chaleco antibalas y esposado, desde la Penitenciaría Nacional de Palmira.
Sus familiares recibieron con cautela la determinación del juez y se declararon respetuosos de lo que la Justicia Penal vaya a determinar.
El asesinato del 10 policías de élite y un civil informante que se encontraban desarrollando una en misión secreta contra la mafias de narcotráfico, ocurrió el pasado 22 de mayo durante una acción inexplicable del Ejército, que fue calificada en su momento por el fiscal general Mario Iguarán como una "masacre".