Justicia y Paz concentra la atención de la Corte Constitucional

La sala plena de la Corte Constitucional comenzó el estudio sobre las demandas presentadas contra la Ley de Justicia y Paz, que establece el marco jurídico para los procesos de desmovilización con los grupos alzados en armas.
Alfredo Beltrán Sierra, quien es el ponente de esta decisión, hace seis semanas radicó el proyecto de fallo, el cual fue puesto en conocimiento de los demás magistrados que lo analizan junto con las objeciones que remitió la Procuraduría General de la Nación.
Los demandantes argumentan que la Ley de Justicia y Paz sufre graves vacíos en materia de justicia restaurativa, del conocimiento de las verdad sobre los crímenes cometidos, por ejemplo, por las organizaciones paramilitares, y de la reparación efectiva del daño causado a las víctimas.
Los magistrados de la Corte Constitucional también tienen en consideración escritos sobre la conveniencia de esta norma, que fueron remitidos por organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y organizaciones sindicales.