Son constitucionales los estudios de seguridad para el ingreso a instituciones castrenses

Los estudios de seguridad efectuados a quienes aspiran a cargos públicos en los concursos que se realizan para el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, deben garantizar la protección y efectividad de los derechos fundamentales.
El pronunciamiento quedó contenido en un concepto emitido por el Procurador General ante la Corte Constitucional, en el que solicitó declarar la exequibilidad un artículo Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, la carrera administrativa y gerencia pública.
De acuerdo con el Jefe del Ministerio Público, la realización de un estudio de seguridad de carácter reservado a cada concursante, resulta razonable sólo en la medida en que se puedan garantizar los derechos y libertades de protección constitucional que asisten a las personas que deban ser sometidas al mismo y que puedan resultar afectadas.
Consideró que es una medida adecuada, en cuanto se fundamenta en las condiciones particulares en que se desempeña la función administrativa encomendada al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.
De igual forma, señaló que disminuye considerablemente el riesgo de filtración de información reservada en las dependencias de esas entidades y que œde omitirse dicho estudio previo, resultaría imposible garantizar la protección de los bienes jurídicos confiados a las instituciones castrenses y policiales,
representados en la seguridad y defensa del Estado y de sus habitantes.
De manera adicional, el órgano de control reiteró que el Congreso de la República tiene la facultad de proferir los distintos regímenes de carrera y establecer los requisitos que deben fijarse en atención a la naturaleza misma de los cargos y de las funciones de cada entidad estatal, facultad que debe estar ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.