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Debate sobre la reforma migratoria afronta la hora de la verdad en el Senado

El Senado de EEUU debate un proyecto de reforma migratoria que incluye la legalización de 1,5 millones de trabajadores agrícolas, un programa de trabajadores temporales y más vigilancia fronteriza

El Senado de EEUU debate un proyecto de reforma migratoria que incluye la legalización de 1,5 millones de trabajadores agrícolas, un programa de trabajadores temporales y más vigilancia fronteriza.
La medida en cuestión fue aprobada el lunes pasado con 12 votos a favor y seis en contra en el Comité Judicial del Senado, tras varias semanas de pugnas partidarias sobre cómo frenar la inmigración ilegal en los Estados Unidos, donde viven alrededor de 12 millones de inmigrantes clandestinos.
El debate en el pleno del Senado ha dividido incluso a los legisladores republicanos, aguijoneados por un lado por el sector empresarial que necesita la mano de obra inmigrante y, por otro, por grupos conservadores que critican la porosidad de la frontera con México.
Las pugnas no son nada desdeñables, si se tiene en cuenta que la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado buscarán la reelección el próximo 7 de noviembre, y el asunto migratorio puede ser clave al respecto.
La discusión en la Cámara Alta tiene lugar mientras continúan las movilizaciones en todo el país para exigir una reforma migratoria integral.
Por segundo día consecutivo, decenas de miles de estudiantes en California y Texas abandonaron las aulas para protestar contra medidas que, a su juicio, se ensañan injustamente contra los inmigrantes indocumentados.
Dos de cada tres inmigrantes legales considera que ha aumentado el racismo y la hostilidad contra los inmigrantes en los Estados Unidos -ese temor es mayor entre los latinoamericanos-, según una encuesta divulgada hoy por la empresa Bendixen & Associates.
Además, el 68 por ciento apoya los permisos temporales de trabajo para los indocumentados, siempre que cumplan con una serie de requisitos, como el pago de una multa, aprender inglés y no tener antecedentes criminales.
Esa es la tónica del proyecto ante el pleno del Senado que, entre otros elementos, allana el camino hacia la residencia permanente y eventual ciudadanía de los inmigrantes indocumentados, ya que ofrece 400.000 visados al año para estos extranjeros.
El plan migratorio beneficiaría no sólo a los aproximadamente seis millones de inmigrantes indocumentados de México, sino también a los de toda América Latina.
Los grupos pro-inmigrantes celebran las dos grandes victorias conseguidas en este anteproyecto: que los inmigrantes indocumentados no tengan que regresar a su país para tramitar la residencia y que los trabajadores temporales vayan a tener acceso a su eventual ciudadanía.
No obstante, el proyecto de ley afronta un largo trámite de conciliación bicameral -el debate en el Senado podría durar más de una semana, según fuentes legislativas-, por lo que los activistas consideran que es prematuro "echar las campanas al vuelo".
De hecho, el líder de la mayoría republicana del Senado, Bill Frist, aún no ha decidido si someterá hoy al pleno su propio proyecto de ley, lo que representaría un jarro de agua fría para las buenas espectativas que hoy existen en esta materia.
El proyecto de Frist sólo incluye medidas de vigilancia fronteriza y excluye la propuesta más cercana a los deseos del presidente de EEUU, George W. Bush.
"Ya pasamos la primera gran prueba con la aprobación en el Comité, pero las siguientes dos -el debate y proceso bicameral- son las más difíciles. La medida no es perfecta pero tiene casi todos los componentes que hemos pedido", dijo a EFE Sean Mariano García, del Grupo de Trabajo Latinoamericano (LAWG), un centro de análisis en Washington.
"Frist está respondiendo a sus propias ambiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales del 2008, pero su proyecto no es realista ni es bueno para el país", se quejó el experto, tras indicar que Frist puede incluso "recurrir a maniobras parlamentarias para torpedear el debate".
Si prospera en el pleno del Senado, el proyecto de ley tendrá que ser armonizado con uno que aprobó la Cámara de Representantes en diciembre pasado y que penaliza tanto a los indocumentados como a los grupos que les ofrecen ayuda.

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