Villepin se aferra al Contrato del Primer Empleo y desoye la protesta de la calle

Cuestionado dentro de su propio partido y con su popularidad de capa caída, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, se aferra a su reforma laboral para jóvenes pese a la masiva protesta sindical y estudiantil que concentró hoy a más de un millón de manifestantes en todo el país.
La mayor de las concentraciones convocada por sindicatos y asociaciones estudiantiles en los casi ya dos meses de protesta contra el Contrato de Primer Empleo (CPE) fue, paradójicamente, la menos violenta, en buena parte debido al incremento de las medidas de seguridad adoptadas tanto por las autoridades como por los organizadores.
Las cifras de participación -que los sindicatos elevan a unos tres millones de personas y la policía a más de un millón- comienzan a cobrar un cariz histórico, porque, según los expertos, hay que remontarse a finales de 1995 para encontrar una movilización similar contra una reforma del Gobierno.
Si entonces el primer ministro de la época, el también conservador Alain Juppé, acabó por retirar su reforma de las pensiones, Villepin parece determinado, de momento, a hacer frente a la presión de la calle.
Antes incluso de conocer la amplitud de la movilización, el primer ministro aprovechó la sesión parlamentaria de control al Gobierno para reiterar su intención de mantener el CPE, que autoriza el despido de los menores de 26 años sin tener que justificarlo durante los primeros 24 meses.
Ante una oposición política que llevó al hemiciclo las exigencias de sindicatos obreros y estudiantiles y que reclamó la retirada del proyecto de contrato, Villepin mantuvo que sólo está dispuesto a retocar marginalmente sus dos puntos más controvertidos: la duración del periodo de prueba y la no justificación del despido.
Reprochó a las cinco confederaciones sindicales que rechazaran su mano tendida, les renovó la invitación a reunirse con él mañana y rechazó los "ultimátum" y las "condiciones previas".
Ante el empecinamiento de Villepin y la movilización de la calle, líderes sindicales y de la oposición socialista instaron al presidente, Jacques Chirac, a que intervenga "rápidamente" en el conflicto y haga rectificar a su primer ministro.
Mientras, el número dos del Gobierno y líder del partido conservador gobernante, UMP, Nicolas Sarkozy, quien ayer se desmarcó de Villepin en el dossier del CPE, multiplica los mensajes de que, ante la magnitud de las protestas, el Gobierno tiene que mover ficha.
"Cada semana somos más numerosos", advirtió el líder del sindicato CFDT, Francois Chéreque, mientras el líder estudiantil Bruno Julliard habló de "maremoto" y se mostró determinado a "devolver la razón al primer ministro", para que retire el CPE.
La movilización multiplicó por dos las cifras del pasado día 18, en la tercera jornada de acción contra el CPE.
París volvió a acoger la mayor concentración, con 700.000 personas, según los organizadores (90.000, según la policía), que aseguraron haber reunido a más de 200.000 personas en Marsella (sureste), 100.000 en Burdeos (suroeste), 80.000 en Lille (norte), 63.000 en Grenoble (sureste) y 40.000 en Lyon (sureste).
Las manifestaciones no estuvieron exentas de actos violentos, aunque fueron menos que en los días previos.
En total, casi 400 personas fueron detenidas, la mayoría de ellas en París, y grupos de violentos causaron daños al principio y al final de la marcha, lo que obligó a intervenir a los antidisturbios, que lanzaron gases lacrimógenos.
Sarkozy, que también es ministro del Interior, se trasladó a la plaza de la República, lugar del final de la manifestación, donde un centenar de jóvenes encapuchados protagonizó los principales incidentes con la policía.
El ministro felicitó a los agentes por la "sangre fría, su profesionalismo, abnegación y control", que "garantizaron la libertad de manifestarse y la seguridad".
En otras ciudades también se produjeron actos violentos entre manifestantes y antidisturbios, como en Grenoble, Lille, Rennes o algunas localidades de las afueras de París.
En paralelo a las manifestaciones, los sindicatos convocaron huelgas que fueron seguidas por un 30 por ciento de los funcionarios, lo que perturbó a los transportes públicos y a la enseñanza, entre otros sectores.