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Crisis en Ecuador: el Gobierno ve poderes oscuros detrás de las protestas

El Gobierno de Ecuador ve el fantasma de la "desestabilización" democrática detrás de la masiva protesta indígena contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y por la expulsión de la petrolera estadounidense Occidental (Oxy).

El Gobierno de Ecuador ve el fantasma de la "desestabilización" democrática detrás de la masiva protesta indígena contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y por la expulsión de la petrolera estadounidense Occidental (Oxy).
El presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, en un mensaje a la nación, pidió a sus compatriotas "proteger la democracia", amenazada -dijo- por intereses políticos que buscarían desestabilizar el país, aunque no identificó a los supuestos grupos conspiradores.
Palacio advirtió de que hay una impostura política "que pretende, perversamente, la disolución nacional", y aseguró que "se está fomentando un ambiente de caos, que puede ser terreno propicio para nuevas rupturas constitucionales y golpes de Estado".
Según Palacio, los indígenas ya no piden dinero para obras de infraestructura, como hacían en el pasado, y ahora protestan por asuntos políticos como el TLC, cuya negociación aún no ha concluido, o por la situación de la petrolera Oxy, acusada por la Procuraduría de violar el contrato para la extracción de crudo en la Amazonía.
Los dos asuntos "no pueden ser motivo para desestabilizar el país", indicó el presidente ecuatoriano, que ordenó la movilización de 2.000 soldados para que vigilen algunas zonas afectadas por la protesta indígena.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) anunció que radicalizará su protesta, convocada desde el lunes pasado y que se ha extendido a 11 de las 22 provincias del país, donde han bloqueado las principales carreteras.
El presidente de la Conaie, Luis Macas, rechazó las insinuaciones del jefe del Estado sobre una posible conspiración contra la democracia y aseguró que es el propio Gobierno el que "se está desestabilizando a sí mismo" con los desaciertos cometidos.
"Los desestabilizadores son ellos (el Gobierno) porque se mantienen en la torpeza de no tratar de resolver el problema crítico que está viviendo el país", dijo Macas.
Según el presidente de la Conaie, Palacio debería convocar una consulta popular para que la población decida sobre el futuro del TLC con EEUU, y aceptar el pronunciamiento de la Procuraduría del Estado, que ha pedido que se termine el contrato con la compañía estadounidense Oxy.
Macas dijo que Palacio ha dado "largas a estos asuntos, porque su Gobierno es tan débil que está sometido a todo lo que le imponen los Estados Unidos".
El líder indígena rechazó, además, la "represión que está aplicando la fuerza pública, especialmente el Ejército", sobre todo en las provincias de Cotopaxi, Imbabura y Pastaza, donde ha habido al menos una docena de heridos.
El Ejecutivo de Palacio "es un Gobierno inoperante e incapaz y lo mejor que podría hacer es irse a su casa" y abandonar el poder, agregó Macas, tras ratificar que la protesta indígena se mantendrá inalterable, porque "con el TLC está en juego la vida de ocho millones de campesinos pobres del país".
Para contener las protestas, Palacio aplicó un plan para restablecer el orden, que incluye la movilización de militares en caso de que se produzcan hechos violentos.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, indicó que se aplicará un "plan de restablecimiento del orden, de la paz, de la protección de la población y los recursos del país".
"No se puede admitir que se confunda la posibilidad de reunirse, de expresarse libremente, democráticamente, para pasar a los actos de violencia generalizada", afirmó.
Jarrín descartó que ese plan sea una especie de estado de excepción, aunque dijo que la fuerza militar tiene la misión de actuar cuando los hechos rebasen los límites de una protesta habitual.
Según el ministro, grupos clandestinos se infiltran en las protestas para crear el caos y denunció que, el miércoles, en la provincia de Pastaza, cientos de manifestantes intentaron ocupar las instalaciones de la petrolera italiana Agip y retuvieron a 15 militares.
"Esos efectivos han sido secuestrados y se ha cometido un acto criminal", subrayó Jarrín, tras asegurar que los cautivos "serán liberados por la fuerza".

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