Crecen las protestas populares en Ecuador

El Gobierno de Ecuador aprobó un plan para restablecer el orden en el país, que incluye la movilización de unos 2.000 soldados que actuarán si se presentan hechos violentos, informó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Jarrín aseguró que hay "2.000 soldados movilizados" para reforzar las unidades de la provincia amazónica de Pastaza y de la zona andina del norte del país, donde se desarrollan masivas protestas de indígenas, que rechazan la posibilidad de que Ecuador firme un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El ministro dijo en rueda de prensa que el presidente de la República, Alfredo Palacio, aprobó un "plan de restablecimiento del orden, de la paz, de la protección de la población y los recursos del país", para evitar posibles hechos vandálicos en las protestas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocó el pasado lunes una movilización nacional de su bases que, de momento, ha generado el bloqueo generalizado de carreteras en 10 de las 22 provincias del país.
Según la Conaie, unos 25.000 indígenas participan en la protesta contra el TLC, que se mantendrá de forma indefinida hasta que el Gobierno ponga fin a las negociaciones con EEUU.
El plan de seguridad busca "el restablecimiento del orden y la paz pública, porque no se puede admitir que se confunda la posibilidad de reunirse, de expresarse libremente, democráticamente, para pasar a los actos de violencia generalizada", apuntó Jarrín.
Descartó que el plan sea una especie de estado de excepción, pero remarcó que las leyes nacionales permiten al Ejército y la Policía "utilizar la fuerza con el objetivo de preservar la paz, de forma prudente, dosificada y prudente".
Jarrín aclaró que las fuerzas militares actuarán sólo cuando se presenten hechos que rebasen los límites de una protesta habitual y denunció que hoy en la provincia de Pastaza cientos de manifestantes intentaron ocupar las instalaciones de la petrolera italiana Agip y retuvieron a 15 militares.
Según Jarrín, la retención de los militares puede ser considerado como un "secuestro" y en el que la fuerza pública puede intervenir con todos sus medios para lograr su liberación.
"Esos efectivos han sido secuestrados y se ha cometido un acto criminal", insistió Jarrín al reiterar que "serán liberados por la fuerza".
"Las Fuerzas Armadas no negocian" en este tipo de casos, añadió el ministro, e indicó que en el lugar que se produzca el secuestro de un miembro de las fuerza pública será declarado como zona de seguridad y se procederá al rescate por la fuerza.
"Esto no es advertencia ni amenaza, es sólo una información porque está en las leyes", aclaró Jarrín.