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La Fiscalía debe responder por las detenciones arbitrarias

El Consejo de Estado sentenció que la Fiscalía General de la Nación debe responder por los daños y perjuicios que se generan como consecuencia de las detenciones arbitrarias ordenadas por este organismo

El Consejo de Estado sentenció que la Fiscalía General de la Nación debe responder por los daños y perjuicios que se generan como consecuencia de las detenciones arbitrarias ordenadas por este organismo.
La sección tercera de esta corporación condenó a la Fiscalía a indemnizar con una millonaria suma de dinero a José Manuel Olaya, quien durante más de 17 meses fue privado de la libertad de forma arbitraria por decisión de la Seccional de Buenaventura.
El Consejo de Estado tuvo en consideración el concepto de la Procuraduría según el cual, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el señor Olaya, argumentando que una caja de munición calibre 38 especial de ojiva expandible descubierta en su residencia, era de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuando según la ley esa munición es de uso personal.
La Fiscalía debe responder por las detenciones arbitrarias
El Consejo de Estado sentenció que la Fiscalía General de la Nación debe responder por los daños y perjuicios que se generan como consecuencia de las detenciones arbitrarias ordenadas por este organismo.
La sección tercera de esta corporación condenó a la Fiscalía a indemnizar con una millonaria suma de dinero a José Manuel Olaya, quien durante más de 17 meses fue privado de la libertad de forma arbitraria por decisión de la Seccional de Buenaventura.
El Consejo de Estado tuvo en consideración el concepto de la Procuraduría según el cual, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el señor Olaya, argumentando que una caja de munición calibre 38 especial de ojiva expandible descubierta en su residencia, era de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuando según la ley esa munición es de uso personal.
La Fiscalía debe responder por las detenciones arbitrarias
El Consejo de Estado sentenció que la Fiscalía General de la Nación debe responder por los daños y perjuicios que se generan como consecuencia de las detenciones arbitrarias ordenadas por este organismo.
La sección tercera de esta corporación condenó a la Fiscalía a indemnizar con una millonaria suma de dinero a José Manuel Olaya, quien durante más de 17 meses fue privado de la libertad de forma arbitraria por decisión de la Seccional de Buenaventura.
El Consejo de Estado tuvo en consideración el concepto de la Procuraduría según el cual, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el señor Olaya, argumentando que una caja de munición calibre 38 especial de ojiva expandible descubierta en su residencia, era de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuando según la ley esa munición es de uso personal.

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