Denuncian que irregulares colombianos obtienen cédulas venezolanas

El sistema nacional de identificación "facilita" a irregulares colombianos la obtención de cédulas de identidad venezolanas, denunció Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, fronterizo con Colombia.
"Se ha demostrado que muchos desmovilizados y muchos miembros de la guerrilla paramilitar llegan fácilmente (a Venezuela), se meten en una cola donde reparten cédulas como repartir sacos de arroz y salen cedulados", afirmó Rosales, en un acto oficial en Maracaibo, a unos 700 kilómetros al oeste de Caracas.
Según el gobernador opositor, los irregulares colombianos que logran obtener la cédula venezolana "se convierten en bandas que operan en todo el país y la frontera" colombo-venezolana, de 2.219 kilómetros.
"Cada vez que hay una desmovilización en Colombia de paramilitares y guerrilleros buena parte de ellos comienza a moverse en la frontera y buscan refugiarse en Venezuela, con el agravante de que aquí hay tanta irresponsabilidad en los niveles del gobierno nacional que maneja el tema de la cedulación", insistió Rosales.
Rosales, líder opositor independiente y posible candidato en las elecciones presidenciales del próximo diciembre, también reconoció "el esfuerzo que el Ejército venezolano ha realizado" para contener la acción de los irregulares colombianos en la frontera común.
La oposición venezolana insiste que el gobierno del presidente Hugo Chávez abulta el registro electoral otorgando carnés de identidad a ciudadanos colombianos, peruanos y de otros países vecinos a cambio de su voto en los diversos comicios locales.
El gobernador de la rica región petrolera de Zulia es señalado por el gobierno de Chávez de ser parte del sector de derecha que supuestamente apoyado por Washington lo derrocó durante 48 horas en abril del 2002.
Una fiscal venezolana ha solicitado un antejuicio de mérito contra Rosales por haber firmado el único decreto del líder empresarial Pedro Carmona, autoproclamado presidente del país el 12 de abril del 2002, que abolió todos los poderes públicos.
Rosales dijo el viernes que con esas "amenazas" públicas el gobierno intenta evadir la discusión de los "reales problemas" del país, entre los que señaló "la corrupción, la pobreza, el hambre y el desempleo".
Los altos funcionarios venezolanos gozan del beneficio del antejuicio de mérito, que realiza el Tribunal Supremo de Justicia, para determinar si deben ser juzgados por algún delito.