Duro cuestionamiento a la gestión de la CNTV formula la Contraloría

Graves observaciones y advertencias y severas críticas a la Comisión Nacional de Televisión sobre la que advirtió que podría comprometer su futuro financiero y poner en riesgo los proyectos de educación educativa y cultural y el mantenimiento de la red pública de televisión, formuló la Contraloría General de la República.
El organismo dio a conocer un estudio en donde afirma que la Comisión de Televisión no ha cumplido efectivamente con sus labores de vigilancia y control y ha sido ineficaz para garantizar el recaudo de los pagos que están obligados a cancelar los diferentes operadores, especialmente los de televisión por suscripción que adeudan más de 80 mil millones de pesos.
Según la Contraloría, se encontraron casos de subfacturación en la televisión por cable y en la televisión abierta. "La autoliquidación que presentan los operadores a la Comisión para el pago de la compensación al parecer no incluye la totalidad de los ingresos brutos", señaló el organismo..
Frente a esa situación, el organismo anunció que adelantará una auditoría especial sobre los ingresos de la Comisión de Televisión para verificar si los operadores por suscripción han pagado sus obligaciones a la entidad.
Advierte la Contraloría que las reservas de la Comisión de Televisión, junto con los ingresos que actualmente percibe por el pago de compensaciones, tarifas, derechos y rendimientos financieros, sólo le permitirían cubrir sus obligaciones legales por este año.
El organismo recomendó estudiar desde ahora las condiciones de las concesiones de televisión abierta nacional que hacia el 2008 deben prorrogarse a los actuales operadores o adjudicarse a nuevos especialmente en lo que tiene que ver con la expedición de la licencia, la distribución del riesgo y la naturaleza jurídica del contrato que se suscriba.
Según la Contraloría " frente a la evidente oligopolización del mercado del sector y de la prestación del servicio, la Comisión Nacional de Televisión no ha realizado una gestión regulatoria que asegure condiciones equitativas de competencia entre los diferentes operadores del servicio y evite que los agentes con poder de negociación en el mercado conformen situaciones de abuso de posición dominante".