A prisión 11 militares por secuestro y asesinato de líder indígena

La Fiscalía colombiana ordenó el ingreso en prisión de once efectivos del Ejército procesados por el secuestro y asesinato de un líder indio en la norteña Sierra Nevada de Santa Marta, informó en Bogotá la entidad judicial.
La medida fue adoptada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General que en principio sólo investigaba a los militares por secuestro y tentativa de secuestro.
Los efectivos afrontaban otro proceso por homicidio agravado, que era seguido por un juez penal militar, lo que dio origen a una colisión de competencia que fue dirimida en favor de la justicia ordinaria por el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
La Fiscalía explicó en un comunicado que asumió el caso con todos los cargos en virtud de la decisión del CSJ, por lo que los once acusados deberán quedar a disposición suya.
Cinco de los militares permanecen detenidos en cuarteles del Ejército, en tanto que los otros seis están prófugos.
Los acusados pertenecían a un batallón de artillería con sede en Valledupar, ciudad del nordeste.
La Fiscalía también vinculó a dos civiles con el caso, quienes están en prisión y afrontan, como los efectivos del Ejército, una causa por "homicidio agravado, secuestro y tentativa de secuestro".
Los militares fueron acusados por el secuestro y asesinato de Hugo Maestre Rodríguez, líder de los kankuamos, que conforman uno de los cuatro pueblos indios de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Maestre fue secuestrado el 4 de octubre de 2004 en Atánquez, aldea rural de Valledupar y mayor asentamiento de su comunidad, por "hombres armados y con pasamontañas".
El cadáver del dirigente indio fue hallado un día después en el anfiteatro de Valledupar hasta donde lo trasladaron tropas del Ejército, que informaron de que se trataba de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que había muerto en combates.
La Fiscalía señaló que la investigación ha permitido reunir "pruebas testimoniales, documentales y técnicas que comprometen la responsabilidad de los implicados en el secuestro y homicidio del líder indio".
Los kankuamos se han visto afectados por la actividad de los grupos armados ilegales en la región, particularmente de paramilitares, y más de 200 indios han sido asesinados desde la década de 1980.
El caso de los kankuamos fue asumido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó en favor de ellos medidas cautelares.