El gobierno nacional sale en defensa del programa de atención a desplazados

El director del programa de Acción Social de la Presidencia, Luis Alfonso Hoyos, aseguró que, pese a que todos los días hay nuevos desplazados como los dice la ONG, Codhes, el fenómeno ha disminuido durante la administración de Uribe.
Aceptó que este problema social continúa siendo muy preocupante, pero destacó que mientras en el 2004 se registraron 420 mil nuevos desplazados, este año solo se cuentan 140 mil.
Aseguró que se ha venido vinculando a esta población al programa de Familias en Acción en las zonas rurales y anunció que se ampliará el plazo a los desplazados que se encuentran en Bogotá, para que se registren y se beneficien de las ayudas en educación y salud.
Reconoció que aún existen muchos problemas con el tema de empleos para estas personas y en la entrega de viviendas.
Entre tanto la Corte Constitucional sólo se pronunciará hasta la segunda quincena de enero sobre la respuesta que el gobierno le entregó con relación a la atención que ofrece a los 3 millones de desplazados por la violencia que se registran en Colombia.
En diálogo con Caracol Radio el presidente de esta corporación judicial, Manuel José Cepeda, dijo que el pasado 13 de diciembre la Corte recibió los informes de las entidades oficiales responsables de atender la crisis de la población desarraigada.
Dijo que durante el 2005, la sala plena de este tribunal efectuó un balance detallado sobre la política pública en materia de desplazamiento, para evaluar si se esta cumpliendo con la protección efectiva de los derechos de esta población.
Reconoció la importancia de que en el balance participen no solo las entidades del gobierno sino las organizaciones que representan a los desplazados como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Acnur y la Contraloría general de la República.
Dijo que la Corte profirió unos autos en los que especifica a los responsables de cumplir determinadas ordenes, y a gracias a esas providencias cambio la actitud del las entidades del gobierno, obligándolo a tomar muy en serio los derechos de los desplazados, a través de un mayor compromiso de recursos y de esfuerzos administrativos.
El presidente de la Corte Constitucional resaltó la creación por parte de la sociedad civil de una comisión de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sentencia T-025, con el ánimo de lograr desde una una perspectiva independiente una atención efectiva a la población desplazada por la violencia en el país.