EEUU a punto de iniciar otra cruzada, esta vez contra la prostitución

En Estados Unidos, donde la prostitución es tan ilegal como floreciente, una coalición de conservadores, evangélicos, liberales y feministas promueve una cruzada contra la práctica que, en lugar de castigar a quienes ofrecen sexo por dinero, penalice a quienes lo compran.
Solamente en dos condados del estado de Nevada la prostitución es legal, y como resultado no hay cifras fiables sobre el número de mujeres y hombres que se prostituyen, y algunas organizaciones que asisten a las y los trabajadores del sexo ven con aprensión el ímpetu represor.
"Hay una tendencia creciente en todo el país que reconoce que la mayoría de las mujeres en la prostitución son víctimas de explotación", dijo a EFE, Dan Gibson, director asociado de proyectos en el Instituto Hudson, un grupo con sede en Washington que participa en la campaña.
"El hecho de que la prostitución sea ilegal y, sin embargo, exista y florezca en todo el país es un problema de actitud, una negativa a reconocer los hechos", añadió Gibson. "Se trata de una virtual esclavitud de la cual son víctimas decenas de miles, cientos de miles de personas".
La Cámara de Representantes acaba de aprobar una ley que otorga a las policías estatales y municipales los fondos para que investiguen y procesen a los clientes, que en su mayoría son los hombres que pagan por sexo, los propietarios de burdeles y los proxenetas que explotan a las prostitutas.
En los últimos tres años, doce estados han aprobado leyes contra el tráfico de personas para el comercio sexual que califican como víctimas a las mujeres que son forzadas a prostituirse, y a los menores vendidos para ese comercio.
Otros 15 estados tienen en sus legislaturas proyectos de ley similares.
"La industria sexual es enorme", dijo a EFE, Cindee Clay, directora ejecutiva del Servicio de Ayuda Individual a Prostitutas (HIPS) que desde hace más de una década brinda educación y oportunidades de empleo a hombres, mujeres y transexuales que se prostituyen.
"Es muy variado y depende de cómo uno defina la prostitución", agregó. "Puede ser la chica que se ofrece cada noche en la calle, pero puede ser también la persona que ocasionalmente canjea sexo por dinero, o la que se desnuda para fotos pornográficas".
"En HIPS no creemos que, necesariamente, la represión policial sea el mejor enfoque para ayudar a las personas que por una u otra razón se prostituyen", añadió Clay. "Es mejor ofrecerles opciones".
Catalina Sol, directora del programa de VIH-Sida en "La Clínica", un servicio comunitario en el área de Washington, estuvo de acuerdo en que la represión policial "que solo se ha enfocado en las trabajadoras sexuales no es justa".
Dado que la prostitución es un delito, señaló Sol, es un delito en el que participan dos personas: la que ofrece sexo por dinero y la que paga por sexo. Tradicionalmente, la policía y los tribunales se ocupan más de la persona que se prostituye que de quien es cómplice de ello.
"Pero también nuestra experiencia es que la criminalización, las campañas de represión, cierran los caminos a los esfuerzos que hacemos para la educación y la recuperación" de las personas que se prostituyen, añadió.
Los inmigrantes son particularmente vulnerables a todos los problemas relacionados con la prostitución.
"Entre los inmigrantes no ocurre tanto que las chicas anden por la calle ofreciéndose", dijo Sol. "Es más oculto. Se hace en determinados sitios, y cuando llega la policía, el negocio va a otra parte".
El ímpetu para castigar a los clientes -que en su gran mayoría son hombres- atrajo a la misma fila a políticos tan diferentes como el senador republicano John Cornyn, de Texas, la representante republicana Deborah Pryce, de Ohio, y la representante demócrata Carolyn Maloney, de Nueva York.
"Los tipos usan y abusan de estas jóvenes", manifestó Pryce después de que la Cámara aprobase la ley que ahora pasa al Senado.
"Y los proxenetas, bien podemos llamarlos esclavistas, son los amos en ese negocio", agregó.
En cambio Penelope Saunders, directora de "Caminos Diferentes", un grupo que trabaja con grupos marginales, cree que "esta legislación presume que todos los hombres que compran sexo son monstruos, y eso no es verdad".
"Muchos clientes ayudan a las trabajadoras sexuales denunciando a los proxenetas violentos", añadió. "Y el llamar a todas las prostitutas 'víctimas de esclavitud sexual' es inapropiado, paternalista y un esfuerzo apenas velado de promoción de una agenda moral conservadora".