Interpol detendrá a Fujimori sólo con orden de justicia chilena

La Interpol detendrá al ex gobernante peruano Alberto Fujimori sólo si lo ordena la Corte Suprema de Chile, dijo a una emisora peruana la responsable de la Policía Internacional en Santiago, Marielena Gómez.
En declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), la subprefecta de la policía señaló que la "detención preventiva" sólo procederá si la Cancillería peruana lo solicita al Ministerio chileno de Exteriores, y éste traslada el pedido a la Corte Suprema.
"Nosotros, al tener una orden de un juez chileno, estaríamos en condiciones de detenerlo, de otra forma no", remarcó.
Gómez agregó que, tras conocerse la llegada de Fujimori a Santiago, lo comunicó de inmediato a sus colegas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Lima, así como a la Embajada de Perú en Chile.
La Policía Internacional ha tomado medidas de prevención "por tratarse de un ex presidente con los antecedentes" de Fujimori, manifestó.
Sin embargo, el jurista y ex primer ministro en el Gobierno de Fujimori, Javier Valle Riestra, consideró que la versión de Gómez es "falsa", porque la Interpol está facultada para detener de inmediato a cualquier persona con una orden de captura internacional.
"Evidentemente Fujimori no ha llegado a Chile empíricamente, esto es fruto de una negociación lenta y paulatina con algún poder muy importante", comentó.
Valle Riestra precisó que la Interpol tiene la potestad de arrestar a una persona "por el sólo hecho de llegar a un aeropuerto o un hotel, y después se lo comunica a las autoridades".
"Es una posición falsa, estoy seguro de que ha habido una conversación en México y Chile; cuando una persona tiene una orden de captura se expone a ser arrestada", reiteró.
Valle Riestra afirmó, además, que la estrategia del Gobierno peruano para extraditar a Fujimori desde Japón, a donde huyó en noviembre del 2000, "ha fracasado".
Fujimori llegó sin previo aviso al aeropuerto internacional de Santiago, al parecer, procedente de México y acompañado por cuatro de sus antiguos colaboradores.
El ex gobernante tiene dos pedidos de extradición de la Justicia peruana, mientras que el Tribunal Constitucional y el Congreso le inhabilitaron para ejercer cargo público durante diez años.
Aún así, el ex gobernante, que afronta 21 procesos penales por abuso de poder y delitos de lesa humanidad, anunció desde Tokio que participará en los comicios peruanos de abril del próximo año.