Comuna Trece: tres años después de su resurrección

La historia reciente de Medellín, la historia de las dificultades sociales, endurecida con el protagonismo de los grupos violentos, se ha vivido con particular intensidad en sus barrios y comunas nororiental y centro-occidental.
Describir y recordar la turbulencia de los años ochenta en Medellín es situarla innegablemente en la mundialmente conocida Comuna Nororiental, ese vasto sector de la ciudad que creció en las laderas de esa zona, a partir de barrios tan conocidos como Manrique, famoso por su olor a tango, a Gardel, y por sus calles empinadas y desafiantes.
Una comuna colmada de problemas; llena de dificultades, el primero de los cuales era precisamente el acelerado crecimiento demográfico en un área considerada de alto riesgo geológico, donde las familias migrantes se empeñaron en construir sus asentamientos físicos y sociales.
En la nororiental echó raíces una gran cantidad de familias campesinas atraídas por el auge de la ciudad industrializada, y por la necesidad de educación para sus hijos, y empleos para los menores.
Creció la población y crecieron también los problemas por falta de oportunidades educativas, recreativas, culturales, económicas y particularmente laborales.
Allí se cultivó una generación de muchachos sin empleos y sin opciones educativas, muchos de ellos en familias desintegradas, en la que faltaba, casi siempre, la figura paterna, y la madre ausente del hogar por tareas de supervivencia.
En la Comuna Nororiental se creó un ambiente señalado socialmente como de violencia, de delincuencia, aunque sus gentes luchaban por el progreso de sus comunidades, de su entorno y por conseguir la presencia del Estado con obras de inversión social, de infraestructura y no con represión y más violencia.
El sicariato
Allí surgieron los primeros pistoleros a sueldo y motorizados, al servicio del narcotráfico.
Se cimentó una fama en torno a los jóvenes advenedizos, con ansias de dinero fácil, amor por la virgen María, por los escapularios, una inmensa adoración por su madre y aversión a los padres ausentes, o a la autoridad.
"NO nacimos pa´ semilla", la expresión habitual en un joven de la época, denotaba el desprecio por el futuro y la viva seguridad de que la muerte no les era extraña, no la buscaban pero tampoco la rehuían; no la esquivaban pero sabían que era parte de sus propias certezas.
"NO nacimos pa´ semilla", así se tituló el primer libro del periodista Alonso Salazar Jaramillo, hoy dedicado a funcionario público como secretario de Gobierno de Medellín, esa ciudad profunda que él auscultó desde sus épocas de estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Antioquia.
Nació también el periodismo, la investigación y la literatura que trataba los asuntos de la delincuencia juvenil ligada al narcotráfico, el sicariato al mejor postor, el terrorismo y la barbarie. Fue una especie de "género" literario que alguien terminó por bautizar como la sicaresca.
Ríos de tinta en periódicos y libros corrieron para describir esas vivencia de una ciudad que padecía el terrorismo, y de una Comuna que luchaba contra la estigmatización y el señalamiento; que trataba de eliminar el sicariato con educación y atención a sus jóvenes.-
La Comuna Nororiental sobrevivió a esa dura situación social, se redimió, se reorganizó y recuperó lo que los investigadores, académicos y funcionarios llaman tejido social.
El narcotráfico redujo a niveles mínimos la barbarie del terrorismo.
La ciudad crecía por sus cuatro costados, especialmente en sus laderas orientales y occidentales, y hasta en sectores llamados exclusivos como los de sur, en El Poblado, se sentían las dificultades sociales, el crecimiento de la construcción, la reducción del espacio para vías, para esparcimiento, recreación y viviendas.
Paralelamente se acrecentaba la actividad de los grupos armados ilegales tanto de derecha como de izquierda. Los llamados grupos milicianos de las Farc o del ELN, que trataban de mantener el control en amplias y conflictivas zonas de la ciudad, caracterizadas por sus intrincadas calles para huir de la acción policial o militar, y donde se aprovechaban de la pobreza de las comunidades y la falta de oportunidades de sus jóvenes para incorporarlos a sus intereses.
Se acrecentaron las migraciones y el desplazamiento forzado del campo a la ciudad, y ante el desmesurado crecimiento de las comunas nororiental y noroccidental, empezaron a tener auge los asentamientos subnormales en otras áreas como el extremo centro-oriente, donde hoy está el barrio La Sierra, y en el extremo centro-occidente, donde se formó y amplió la Comuna Trece.
La Comuna Trece
Unos veinte barrios y sectores integran física y administrativamente la Comuna Trece de Medellín, una zona amplia del centro occidente de la ciudad.
Son barrios organizados y de clase media, algunos de ellos, y otros con más problemas de infraestructura física y social, con familias pobres, encabezadas por obreros, empleados o madres solteras, viudas o separadas.
Barrios enclavados en las laderas del occidente de Medellín, barrios que se formaron al paso del tiempo y al ritmo de las compras de lotes, las invasiones de los desplazados, y fundamentalmente por las necesidades de vivienda y las carencias económicas.
Un comuna que vivía un ritmo acelerado de urbanización, con carencia pero con paciencia y el vigor de muchos líderes trabajadores y comprometidos con el progreso de sus familias y de su comunidad.
Sobresalen las mujeres cabezas de familia que hoy ocupan espacios por méritos y reconocimientos en la historia de esas comunidades de barrio y de toda la Comuna Trece.
Hombres y mujeres que llegaron para quedarse y liderar los procesos de mejoramiento urbano a través las Juntas de Acción Comunal, y de su propia Junta Administradora Local.-
La expansión ciudadana y el arribo de más y más desplazados y necesitados de techo trajo consigo otros problemas sociales, propios de esos flujos de comunidades flotantes, de familias desintegradas y sin oportunidades, de ausencia de comunicación urbana, de ausencia estatal.
Se cimentaron nuevas viviendas pero también nuevos problemas sociales.
Las agrupaciones ilegales también aprovecharon el espacio físico, la ausencia de Estado para consolidar sus grupos delincuenciales, presionar a los moradores, intimidarlo, hacer proselitismo armado, orientar actividades de acuerdo con sus intereses, y convertirse en nuevos gérmenes de desorden social, violencia y conflicto.
La Comuna Trece se convirtió en un centro de presiones indebidas, desplazamientos urbanos silenciosos, forzados, crímenes de lesa humanidad, violaciones de los Derechos Humanos, desapariciones, atentados.
Mientras esos hombres y mujeres, líderes comunitarios, se esforzaban por llevar el progreso, la organizaciones en sus comunidades, algunas agrupaciones ilegales dominaban el espacio, los servicios públicos, las actividades cotidianas, el transporte urbano, las acciones educativas, judiciales y sanitarias.
Se deterioró el espacio social y el físico. Predominaba el miedo, la incertidumbre, la zozobra ciudadana.
Cayó al piso el valor de las propiedades, de los arriendos, de la venta de propiedades.
Una especie de diáspora se desató entre los pobladores de ese vasto sector de capital.
Zonas como la Ciudadela de San Michel, con construcciones de apartamentos habitados por profesionales, y una clase media luchadora y pujante, estuvo angustiada durante largo tiempo, y, sin exagerar, en un determinado momento eran muchos más los apartamentos desocupados, ofrecidos en venta y en arriendo que los habitados por inquilinos o propietarios.
Las balaceras, los enfrentamientos, las muertes extrajudiciales sumarias, las venganzas, los atracos, el boleteo, la extorsión, el chantaje, el secuestro, los desplazamientos y la ocupación violenta y abusiva de los inmuebles, eran la denuncia constante ante las autoridades judiciales e incluso ante los medios de comunicación.
La iglesia luchaba contra la barbarie, aupaba a la comunidad a organizarse, a resistir, a mantenerse firme y unidad, a consolidar y materializar sus proyectos, a denunciar las injusticias y la violación de los derechos humanos.
Con los enfrentamientos entre grupos armados ilegales de derecha y de izquierda, de las Farc, el ELN y las Autodefensas incidían en la cotidianidad de la Comuna Trece, afectaban la salud de la comunidad, con lesiones y muertes violentas.
Las balas perdidas acabaron con los sueños de muchos niños, estudiantes, seminaristas, mujeres trabajadoras y hasta de un joven universitario que esperaba fotocopiar un documento de estudio, en el campus de la Universidad Nacional, a varios kilómetros de distancia de la Comuna Trece.
La comunidad eclesiástica padeció con comunidad los embates de la violencia con el asesinatos de seminaristas, acólitos y hasta su sacerdote mediador, conciliador José Luis Arroyave.
Un crimen que conmocionó a esa vasta comunidad y a toda Medellín, por el carácter social, mediador y trabajador de la paz y el progreso que tenía el religioso.
Las investigaciones del grupo Gaula, antiextorsión y secuestro, llevaron muchas veces a los barrios de la comuna trece para rescatar estudiantes, empresarios, y hasta familias enteras secuestradas y mantenidas en calidad de rehén en zonas de difícil acceso y en condiciones inhumanas.
Los hechos violentos y las constantes denuncias acrecentaron la zozobra en las comunidades de barrios, que veían con impotencia la incapacidad de las autoridades, de las patrullas policiales para eliminar esos focos de violencia.
Operación Orión
El alcalde Luis Pérez Gutiérrez reclamaba eficiencia de la Policía y el Ejército, y al gobierno nacional, más obras, presencia del Estado y pie de fuerza para enfrentar la criminalidad.
Pedía a la Fiscalía más agilidad en las investigaciones y en materializar las órdenes de capturas libradas por sus propios fiscales.
Hasta que el presidente dio la orden: entrar con todas la autoridad a la Comuna Trece y sacar a los delincuentes atrincherados, rescatar a los secuestrados, recuperar la tranquilidad y el orden ciudadano.
Ese 16 de octubre de 2002, hace tres años se abrió y puso en marcha la diseñada Operación Orión, de la Cuarta Brigada, con hombres y mujeres uniformadas con traje de fatiga y entrenadas para la guerra abierta con la delincuencia organizada.
Los milicianos respondieron... Los francotiradores acabaron con la vida de algunos soldados y oficiales del ejército colombiano, pero paso a paso se consolidó la Operación Orión para liberar la Comuna Trece de las manos de la delincuencia.
Las operaciones realizadas desde el martes 15 de octubre a las dos de la madrugada, dejaron 243 personas retenidas, de las cuales 29 fueron identificadas como cabecillas de las milicias urbanas que se encontraban en la Comuna 13.
"A estas personas ya las estamos individualizando, identificando y haciendo la correspondiente reseña", explicó en su momento el entonces Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Mario Montoya Uribe.
Murieron diez milicianos en los combates con la Fuerza Pública. Durante los procedimientos de la Operación Orión decomisaron 20 fusiles, una subametralladora, dos carabinas con mira telescópica, 2 escopetas, 4 lanza granadas de 40 milímetros, 50 kilos de explosivos, municiones y equipos de comunicación.
"Continúa la operación. La vida está transcurriendo en forma normal y el miércoles vamos a tener un control total y ese día los colegios, hospitales y puestos de salud tendrán que estar funcionando dentro de la mayor tranquilidad", anotó el general Montoya.
El Comandante de la Cuarta Brigada lamentó la muerte de 2 oficiales y 2 soldados en el desarrollo de las operaciones.
Ciento de capturados quedaron en manos de la Fiscalía, familias que permanecía encerradas en calidad de secuestro fueron rescatadas, delincuentes muertos en combate con el Ejército, inmuebles devueltos a sus legítimos dueños, y el cese de "horrible noche", dejó la Operación Orión...
Seguramente se denunciarían excesos de la Fuerza públicas, desapariciones forzadas y poca eficiencia y lentitud de la Fiscalía para resolver la situación jurídica de los encartados, pero hoy la Comuna Trece ofrece un panorama diferente.
Nuevas realidades
En una extensa y completa investigación social del Instituto Popular de Capacitación, IPC, (Informe sobre el estado actual de losa Derechos Humanos en la comuna 13 de la ciudad de Medellín 2005) se lee que "en la Comuna Trece se ha identificado una problemática social en cuanto al incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales".
El mismo estudio detalla que "según datos del Sisbén, la Comuna Trece tiene 137 mil habitantes, de los cuales el 66 por ciento son menores de 19 años; para el año 1998, el 76.3 por ciento de las familias de estos barrios percibían ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual: para el año 2002 el déficit de cupos escolares era de un 21.2 por ciento, y el 60 por ciento de los niños de la zona padecía algún grado de desnutrición...".
Hace tres años, durante 2002 se observó el más alto crecimiento de los fenómenos delincuenciales y de violencia en la Comuna Trece: "...fue el año de mayor intensidad y degradación del conflicto armado en esta zona de la ciudad; este año también estuvo marcado por la terminación del período de gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez" (IPC).
Las estadísticas sobre violencia y violación de los Derechos Humanos, precisa que en 2002 se denunció el más alto incremento de homicidios en la Comuna Trece, "donde se pasó de 134 homicidios en 2001, a 442, según la Secretaría de Gobierno, o 475, según el Instituto de Capacitación".
Dice el IPC que "para el año 2003 se dio una reducción sustancial al pasar a 143 homicidios. Y añade que "el empleo de armas de fuego como los fusiles, por parte de los grupos armados enfrentados, fueron causa del incremento en la muertes, muchas de ellas ocasionadas por balas perdidas".
Otras realidades: denuncias
Pese a que las condiciones han mejorado sustancialmente, como lo testimoniaron a través de Caracol Radio las autoridades, las Organizaciones no gubernamentales, los investigadores, y los propios pobladores, persisten algunas irregularidades, también denunciadas e investigadas por entidades sociales y judiciales del país y el exterior.
Una de ellas está relacionada con la desmovilización masiva del Bloque Cacique Nutibara, uno de los que generó conflictos en la Comuna Trece en sus constantes enfrentamientos con milicianos de las Farc y el ELN.
"El Bloque Cacique Nutibara anunció (durante la desmovilización y desarme) la creación de la Corporación Democracia, constituida para la conducción del proceso de desmovilizados".
Según investigadores sociales, que han acopiado denuncias nacionales e internacionales sobre violación de derechos humanos, se observa "incumplimiento del llamado cese Cese de hostilidades por parte del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín.
Reconocen una reducción del 44 por ciento en los homicidios en esta capital durante el año 2003, y del 58 por ciento el año pasado, 2004, "los pobladores denuncian una nueva estrategia de estos grupos, como es la de utilizar armas blancas para cometer los crímenes, las cuales no producen el impacto social que generan las armas de fuego".
Dice el IPC: "Algunos de los hechos que revelan que en la ciudad los poderes de los paramilitares se encuentran vigentes, tienen que ver con la imposición de sus miembros en las Juntas de Acción Comunal, en los paros del transporte en la ciudad ante el traslado de algunos líderes de los paramilitares presos, y cuando entró en vigencia el sistema de caja única del transporte público en Medellín. En estos casos hombres armados y movilizados en motocicletas visitan las terminales de transporte para obligar a los conductores y despachadores a parar" (IPC. Informe sobre el estado actual de losa Derechos Humanos en la comuna 13 de la ciudad de Medellín 2005).
En la Comuna Trece se han denunciado muertes violentas selectivas.
La señora Teresa Yarce fue asesinada por desconocidos, el seis de octubre de 2004. Teresa pertenecía a la Asociación de Mujeres de la Independencia (AMI), y era vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de las Independencias III.
"La señora Luz Mery Arango, presidenta de la Junta de Acción Comunal, fue asesinada en la puerta de su casa, en un crimen que se atribuye a los grupos paramilitares" (IPC).
Persisten, según el estudio del IPC, el abuso sexual, el reclutamiento forzado de jóvenes, la existencia de grupos armados paramilitares que siguen actuando en la Comuna, el hallazgo y existencia de fosas comunes en los lugares de control territorial de estos grupos armados ilegales, lo cual ha sido establecido por la Fiscalía, las desapariciones forzadas (59 durante 2003).
Se denuncia que "por lo regular las familias de las víctimas de la desaparición forzada, son a su vez víctimas de desplazamiento forzado u obligadas a convivir con los victimarios que tienen el control de la zona. Como algunos de los casos presentados de personas desaparecidas en la Comuna Trece, están el de Harley Lorenzana Cossio, ocurrido el seis de agosto de 2003; Jámer Esteban Tabares, el cuatro de julio de 2003 en el barrio El Salado; Johnathan Marín Holguín, en el barrio 13 de noviembre; William Londoño, ocurrido el 22 de abril y hallado por la Fiscalía el siete de agosto, en una fosa común; Sergio Giraldo Arboleda, desaparecido el 22 de mayo de 2004 en el barrio La Colina" (IPC).
Casos recientes
Uno de los hechos más claros de reclutamiento forzado de jóvenes para los grupos armados ilegales lo denuncia así el Instituto Popular de Capacitación en su estudio sobre los Derechos Humanos en la Comuna Trece:
"Una situación que puede mostrar la gravedad de la práctica del reclutamiento forzado de jóvenes en la comuna Trece es la presentada el día 15 de agosto de 2004 en el barrio El Salado donde nueve menores de edad entre los 10 y los 14 años fueron reportados desaparecidos. A los jóvenes le habían dicho que "debía salir de la ciudad y estar en la terminal de transportes, que tenían pasajes incluidos supuestamente para trabajar en el bajo Cauca y con el cambio de registros civiles para aparecer como mayores de edad". Familiares que se percataron de esta situación fueron al instituto de Bienestar Familiar sin embargo no encontraron apoyo y colaboración viéndose (sic) obligados a abandonar sus bienes para la protección de los menores de edad. De los nueve restantes, hasta la fecha se desconoce su paradero. El IPC suministró sus identidades.
"Los grupos paramilitares, según esa investigación, mantienen unas redes de negocios en los barrios como los llamados "pagadiarios" o de compraventa. Estos centros funcionan con préstamos a pobladores que diariamente deben dar una cuota de abonos que pueden oscilar entre los cinco mil y los 50 mil pesos dependiendo de la capacidad de las personas o de los artículos asegurados. Esta situación se encuentra ligada al delito de extorsión y de cobro e la llamada "cooperativa de vigilancia" a los negocios, viviendas y dueños de automóviles particulares o de servicio público. Como centro de operaciones estos vigilantes jóvenes organizados al servicio de "oficinas" de los grupos paramilitares, han escogido preferentemente las terminales de buses cuyos conductores deben pagar quince mil pesos diarios". (IPC)
Concluye esa investigación que el "retorno a la normalidad en la Comuna Trece evidencia una transición de actores armados con presencia para controlar el territorio, la población y los recursos, que pasó de la comuna Trece a toda la franja occidental de la ciudad incluyendo los corregimiento de San Cristóbal y Altavista".
Agrega que "estos actores armados que ahora se autodenominan de las AUC, ejercen control de los recursos como el robo de gasolina, control al transporte y de negocios ilegales bajo el efecto de la intimidación como los "pagadiarios" y la "compraventa"...
"Si bien es cierto que se ha presentado una disminución sustancial en los índices de violencia en la Comuna Trece, no es menos grave, que no exista una propuesta y que se está trabajando por investigar los hechos de 2002, ejerciendo el derecho que tiene (las familias de ) las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", asegura hoy el Instituto Popular de Capacitación.
Y remata así las conclusiones de su estudio: "La disminución sustancial de la violencia en su momento masiva y generalizada se ejerce hoy de otra manera en la comuna Trece. Ésta se ejecuta de manera selectiva, intimida y atemoriza a sus habitantes y cobra tributación puerta a puerta, carro por carro y negocio por negocio".
De vuelta a la 13
Jairo Alonso Restrepo todavía recuerda el drama suyo y de su familia cuando residían en el barrio Nuevos Conquistadores, en la Comuna Trece, y debió abandonar su propiedad, como decenas de familias debido a las presiones ilegales de las milicias de las Farc.-
Un bien inmueble conseguido legalmente, con esfuerzo familiar debió ser desalojado para poner a salvo otro bien más preciado: la vida e integridad de su familia...
Las constantes balaceras los ponían en peligro de perder la vida a cada instante; las balas disparadas en las calles, cercanas o alejadas, desde afuera o desde lo alto de otros sectores de esas populosa comuna, podían entrar en cualquier momento por una puerta, una ventana o el techo, y acabar con sus hijos, los sueños, las ilusiones...
Los niños permanecían en riesgo constante y los juegos de la calle empezaron a ser prohibidos para ellos para evitar las agresiones, o los accidentes en medio del conflicto armado... Las balas perdidas hicieron mucho daño en la Comuna Trece y en algunos kilómetros por fuera de ella.
Abandonar el hogar, desplazarse silenciosamente en la misma ciudad, dejar a un lado su casa se convirtió en una tortura. El desasosiego solo podía ser reemplazado por la presencia, la unión y el amor de la familia completa.
La esperanza en el regreso estuvo siempre en sus planes y su cotidianidad.
Algunos días después de que la fuerza publica recuperara para el Estado y la ciudadanía el control sobre la Comuna Trece, cuando las autoridades hicieron salir a los milicianos de ese populoso sector, las Empresas Públicas de Medellín también pudieron regresar. Recuperaron sus calles, se reanudaron las obras públicas y Jairo Alonso Restrepo, como otras familias, emprendió de nuevo la tarea de remodelar su casas.-
Jairo Alonso Restrepo y quienes habían huido para protegerse y proteger a los suyos regresaron al barrio. Se sentían como el propio nombre del sector: Nuevos Conquistadores.
Hoy se siente seguro, tranquilo y convencido de que la Comuna Trece NO vivirá jamás otra guerra como esa. Pero ama a su comunidad como a su familia y estima que aún falta más inversión social del Estado, más programas de prevención para evitar que las calles se conviertan en sitios de drogadicción y delincuencia juvenil y común.
Y le queda esta advertencia a las autoridades: eso puede ser aprovechado y canalizado nuevamente por las Autodefensas o por otros grupos armados ilegales que pretendan ejercer control en el territorio y en las comunidades.-