Polémica por el proyecto de reforma constitucional que permitiría perdonar delitos atroces

El autor del proyecto, el senador Gabriel Zapata, dijo que el acto legislativo que radicó en el Congreso de la República y que de inmediato generó una gran controversia nacional, es complementario de la Ley de Justicia y Paz en la medida en que las facultades que se le otorgan al Presidente de la República pueden ser utilizadas por razones humanitarias y de conveniencia nacional.
El proyecto le permitiría al jefe del Estado perdonar delitos atroces como las masacres y los secuestros y también el narcotráfico.
En diálogo con Caracol Radio, el parlamentario reconoció que al proyecto le hacen falta dientes y que su propósito inicial es justamente abrir un gran debate nacional sobre esa alternativa.
"Lo único que pretendemos es abrir el debate y esperar que en la discusión se le coloque dientes", subrayó el señor Zapata, integrante del Equipo Colombia.
Dijo que la propuesta no nació de la noche a la mañana, que en su elaboración se llevó más de un año y que no lo presentó antes para no entorpecer el trámite del proyecto de Justicia y paz que es el marco jurídico para la desmovilización de los integrantes de los grupos armados ilegales.
El Congresista aseguró que el proyecto no abre las puertas a la impunidad y que no ue consultado con el gobierno ni tiene el visto bueno de él.
En su opinión, la reforma constitucional que plantea, da la posibilidad de que se ejercite plenamente el respeto a los derechos fundamentales de los colombianos que injustamente son condenados a largas condenadas de prisión cuando se sabe que son inocentes y no pueden salir de las cárceles por los dispendiosos trámites jurídicos.
La propuesta del senador Zapata generó reacciones contrarias en diferentes sectores sociales y políticos.
El presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional, monseñor Libardo Ramírez Gómez dijo que se declaraba perplejo porque al parecer hay una corriente para despenalizar todo, incluyendo el aborto, bajo la premisa de la conveniencia nacional.
"No todo se arregla penalizando, pero menos despenalizando. Es el caso del cinturón de seguridad en los carros, que el conductor más que en la protección de la vida piensa que si no lo lleva se gana una multa. De modo que la pena sirve como norma de conducta y en el caso de la propuesta no la veo conveniente", dijo el prelado.
El presidente de la Cámara de Representantes, el conservador Julio Gallardo, dijo que cualquier facultad al Gobierno en estos temas debe estar acorde con la legislación internacional y los tratados y convenios suscritos por Colombia.
"Somos suscriptores y parte de la Corte Penal Internacional para combatir los delitos de lesa humanidad y no podemos saltarnos esa legislación", afirmó Gallardo.
Germán Navas Talero, representante del Polo democrático y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, dijo que el uribismo está llevando al Presidente hacia la dictadura, destrozando la Constitución Política y el Código Penal. "Como catedrático ya no podré enseñarle derecho penal a los alumnos porque si todo es indultable, no hay código", dijo Navas.