Colombia pide apoyo internacional para el proceso de desmovilización

Representantes del Gobierno colombiano pidieron en Washington la ayuda de la comunidad internacional para la mayor desmovilización de grupos armados ilegales en el país, al tiempo que defendieron la polémica ley de Justicia y Paz.
El vicepresidente y la canciller de Colombia, Francisco Santos y Carolina Barco, respectivamente, abogaron por esa ley, que será promulgada en los próximos días por el presidente Alvaro Uribe, en medio de críticas de que es sinónimo de impunidad.
"Estamos llevando a cabo el mayor proceso de desmovilización en la historia de Colombia y posiblemente en la historia del continente", dijo Santos, al participar junto a Barco y al nuevo fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, en un foro del conservador Centro Woodrow Wilson.
Barco señaló que 7.647 miembros de grupos insurgentes han depuesto las armas desde que Alvaro Uribe asumió el poder hace tres años, y esta nueva ley "provee el marco legal para el proceso de paz" en Colombia.
Ante más de un centenar de expertos, políticos, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, Santos remachó la urgencia de que el mundo colabore en la desmovilización de guerrilleros y paramilitares.
Recalcó que así como el narcotráfico es producto directo de la demanda de drogas en EEUU y Europa, es urgente que el mundo "nos ayude a desmantelar a estas organizaciones".
En ese sentido, Santos dijo que, durante su presentación en las próximas horas ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pedirá que ese organismo mantenga la misión de observadores nombrada hace dos años para el proceso de desmovilización.
La ley, aprobada el pasado 22 de junio, ha sido criticada por varios líderes del Congreso de EEUU, organizaciones no gubernamentales y grupos defensores de los derechos humanos.
"No es una ley de 'punto final', no es una ley de amnistía, no es una ley de perdón", insistió Santos, tras señalar que si bien no es "perfecta", es el precio que su país tiene que pagar por alcanzar la paz.
El vicepresidente lamentó sus comentarios del lunes cuando, en respuesta a las críticas de grupos como Human Rights Watch (HRW), dijo que las ONG actuaban como "jihadistas".
"Uno se puede equivocar" y esa "salida desafortunada" refleja la "frustración por la falta de entendimiento" sobre el alcance de la ley de Justicia y Paz, explicó Santos.
La ley, aprobada por el Congreso colombiano en aras de avanzar en el proceso de paz, prevé la desmovilización de unos 15.000 hombres y el desmantelamiento de las organizaciones delictivas.
La norma exige que los combatientes confiesen crímenes pasados, depongan las armas, pongan en libertad a los rehenes y entreguen los bienes obtenidos de forma ilícita.
Si los grupos armados cumplen con esos requisitos, sus sentencias serían reducidas a entre cinco y ocho años de prisión, sin posibilidad de reducciones adicionales.
La ley no ampara a aquellos involucrados en el narcotráfico y deja intacta la potestad del Gobierno de Bogotá respecto a las extradiciones.
Por su parte, el nuevo fiscal Iguarán señaló que Colombia solicitará asistencia técnica de EEUU para el proceso de desmovilización, para el que se han destinado 20 unidades de fiscales.
Los asesores militares estadounidenses en Colombia no participarán en ese proceso porque su misión se limita a la capacitación técnica de las fuerzas armadas, dijo Santos.
Para este año, Colombia ha designado un total de 130 millones de dólares para los esfuerzos de desmovilización, se informó.
Pero la ofensiva política que realizan Santos y Barco en Washington esta semana no ha convencido a críticos como HRW, que encuentran en esta ley "serias deficiencias".
"Nos preocupa que con esta ley el Gobierno colombiano le está dando mucho a los paramilitares y no tiene mecanismos para desmantelar a las redes mafiosas", dijo a la agencia EFE una fuente de HRW que pidió el anonimato.
Los colombianos "están pagando un precio muy alto... no se trata de un equilibrio entre la justicia y la paz, como dice el Gobierno, porque no hay mecanismos para una genuina desmovilización", advirtió.
Santos pide ayuda de la OEA
Francisco Santos, pidió el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de desmovilización de los grupos armados ilegales en su país.
Durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Santos hizo un repaso de los logros y retos de la política de seguridad democrática del Gobierno colombiano, y explicó el alcance y objetivos de la polémica ley de Justicia y Paz.
Santos agradeció el apoyo político y financiero hacia la misión de la OEA en Colombia, a la vez que elogió la labor realizada por Sergio Caramaña, presidente de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz del organismo en el país.
Caramaña ha visitado los lugares más inhóspitos y alejados de Colombia como parte de ese "acompañamiento" del proceso de las negociaciones de paz, recordó Santos.
"En esta nueva etapa, mi Gobierno entiende esta colaboración solidaria como una muestra de confianza en Colombia y en su capacidad para afrontar con seriedad y responsabilidad los desafíos de los cuales he hablado", dijo Santos.
En ese sentido, enfatizó que Colombia considera "fundamental" consolidar y continuar apoyando la misión de la OEA para el proceso de pacificación en ese país.
Para Santos, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de la democracia, la seguridad y los derechos humanos en Colombia requieren necesariamente del apoyo de los países del hemisferio.
"Ese sueño que cada día estamos tejiendo será realidad con su apoyo", puntualizó el vicepresidente colombiano.
Los embajadores ante la OEA de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, en ese orden, respaldaron los esfuerzos de Colombia por desmovilizar a los grupos armados ilegales y desmantelar sus organizaciones delictivas.
"Esperamos que los esfuerzos significativos que ha emprendido el Gobierno colombiano para la desmovilización y reinserción de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ayudará a poner fin a la violencia y lograr una paz duradera", dijo el embajador de EEUU ante la OEA, John Maisto.