Gobierno español recibe este martes a ONG con críticas a la ley de reinserción de Uribe

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, recibirá el martes a los representantes de varias ONG de derechos humanos que trabajan en Colombia para recabar su opinión sobre la ley de reinserción de grupos armados que promueve el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.
Fuentes diplomáticas explicaron que la reunión se celebrará en la sede del Ministerio tras el regreso de Moratinos de un viaje de trabajo a Argelia, y en ella participará también la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín.
En uno de los actos de la visita que realizó a España la semana pasada, Uribe mantuvo un enfrentamiento dialéctico sobre el contenido de esta ley con representantes de Amnistía Internacional (AI) y, durante un posterior viaje a Londres, la secretaria general de esta organización, Irene Khan, pidió personalmente al presidente colombiano que no ratifique esta norma.
AI, que remitió además al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que denuncia "la grave crisis de derechos humanos" que vive Colombia, considera que la denominada Ley de Justicia y Paz establece un marco jurídico que "no cumple las normas internacionales sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas".
Tras la reunión que mantuvo el pasado día 12 con Uribe en Madrid, Rodríguez Zapatero atendió con "predisposición favorable" la información proporcionada por el presidente colombiano sobre la nueva ley, que juzgó "muy clarificadora", y defendió una propuesta para que la UE supervise la aplicación de esta norma.
El jefe del Ejecutivo español subrayó la necesidad de responder con "confianza" a los argumentos de Uribe y adelantó entonces que, en todo caso, mantendría también un "diálogo intenso" con las ONG para conocer su opinión sobre la ley.
Alvaro Uribe, por su parte, negó que se trate de una norma para amnistiar a los paramilitares y que les ofrezca impunidad, si bien precisó que, como es "una ley de paz", sí establece una reducción de condenas.