La ley de garantías electorales fue aprobada por el Congreso de la República

En el debate final, la Cámara de Representantes negó unos artículos de la ley de garantías electorales que permitían la participación de funcionarios públicos en la campaña presidencial.
Al aprobarse en último debate el proyecto, que pasará a conciliación de texto en las cámaras legislativas, se determinó que los ministros, altos funcionarios estatales, alcaldes y gobernadores no podrán intervenir en las campañas electorales.
También se aumentó el tiempo que deben entregar de manera gratuita los concesionarios de radio y televisión durante el último mes de campaña. Dichos espacios, semanales para cada candidato, serán de 4 minutos en la pantalla chica y de seis en la radio.
Otra novedad aprobada en la Cámara consiste en autorizar a las radioemisoras comunitarias a transmitir publicidad política.
En cuanto a la financiación de la campaña a la Presidencia por parte del Estado, es decir del presupuesto nacional, cada candidato tendrá derecho a una suma equivalente a ocho mil millones de pesos, de los cuales la mitad serán entregados por el Gobierno de manera anticipada.
Los dos candidatos que tengan derecho a participar en una segunda vuelta electoral podrán invertir seis mil millones de pesos adicionales, de los cuales el 80 por ciento ($4.800 millones) también serán financiados por el Estado.
Deducible de dicha contribución, cada aspirante podrá recibir mil 705 pesos por cada voto que reciba en primera vuelta y por concepto de reposición de los gastos electorales, mas 852 pesos por voto en la segunda.
Si el candidato ganador sobrepasa los topes de financiación ($10 mil millones en la primera vuelta), podría perder su investidura El proyecto aprobado contempla también que solo podrá inscribir candidatos los partidos que obtengan más del cuatro por ciento de los votos para el Senado o los movimientos que respalden la aspiración con un número de firmas equivalentes al cuatro por ciento del censo electoral.
En los canales institucionales de televisión tendrán durante la primera semana cinco minutos para exponer sus tesis, y tres debates de una hora cada uno. En los canales privados este tipo de espacios los pagará el Estado pero su costo será deducido de la reposición de gastos.
Los consejos comunales de gobierno no podrán transmitirse por televisión durante la campaña, ni el presidente-candidato podrá entregar subsidios, suscribir contratos de obras públicas ni producir nombramientos en la nómina oficial.
Los candidatos podrán solicitar la participación de veedurías internacionales en aquellos sitios del país donde haya indicios de riesgo inminente de alteraciones del orden público, fraude electoral o intimidaciones de grupos armados ilegales.