Una de cal y otra de arena para Pinochet : desaforado por fraude y exonerado por el "Plan Cóndor"

El ex dictador chileno Augusto Pinochet cosechó hoy una victoria y una derrota en los tribunales, al ser desaforado por sus cuentas secretas y exonerado en los juicios por los crímenes de la "Operación Cóndor".
El hecho de que por un lado el jubilado general de 89 años haya sido exonerado de los delitos por violaciones de los derechos humanos y, por otro, despojado de su inmunidad para ser procesado por actos de corrupción produjo encontradas reacciones en Chile.
Si bien el desafuero fue saludado por la mayoría de los sectores, la anulación del procesamiento dictado el 13 de diciembre pasado por el juez Juan Guzmán indignó a los familiares de las víctimas, a los abogados querellantes y algunos parlamentarios.
"Nos parece inaceptable la decisión de no procesar a Pinochet por los crímenes de la Operación Cóndor", dijo a EFE la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que agregó que está demostrado que Pinochet fue el gestor ideológico de esta operación.
"Qué absurdo nos parece que los tribunales desafueren a Pinochet por las cuentas secretas en el Banco Riggs, como correspondía, y resuelvan no procesarlo por violaciones a los derechos humanos. La vida de los seres humanos tiene hoy día un valor casi nulo para el poder judicial", subrayó Pizarro.
Lorena Pizarro, hija del dirigente comunista Waldo Pizarro, desaparecido en 1976, añadió que apelarán ante la Corte Suprema y recordó que para la Agrupación el camino "nunca ha sido fácil".
En razón de sus problemas de salud, la IV Sala de la Corte de Apelaciones exoneró a Pinochet como autor de una decena de crímenes cometidos en el marco de la "Operación Cóndor", como se conocen las acciones represivas coordinadas por las dictaduras que gobernaron
en los países del Cono Sur en los años 70 y 80.
El anuncio trajo algo de alivio para Pinochet, que poco antes había sido despojado por el pleno de ese mismo tribunal de su inmunidad como ex gobernante por evasión tributaria, uso de pasaportes falsos, falseamiento de declaración jurada de bienes y por eludir medidas cautelares sobre sus bienes.
El abogado querellante en el caso "Operación Cóndor" Eduardo Contreras calificó de un "disparate y un despropósito", el dictamen de la IV Sala.
"Tal parece que a los jueces no les parece permisible que Pinochet sea un ladrón, pero no les importa que sea un asesino. Es decir, millones de dólares valen mucho más que la sangre de chilenos que cayeron en la Operación Cóndor", indicó.
El fallo establece que Pinochet carece de aptitud para ser sujeto pasivo de un proceso penal y que este procedimiento no continúa, debiendo el tribunal dictar la resolución de sobreseimiento.
A raíz del retiro del juez Guzmán del Poder Judicial, el expediente quedó en manos del magistrado Víctor Montiglio, quien deberá ejecutar la orden del tribunal.
En tanto, las reacciones a favor del desafuero del ex dictador por corrupción y delitos económicos fueron casi unánimes, mientras los abogados y los allegados al ex dictador chileno (1973-1990) guardaron silencio.
El diputado socialista Juan Bustos dijo que el desafuero de Pinochet fue "una reparación a todos los chilenos".
"La Justicia ha hecho la labor que le corresponde en esta materia (..) porque Pinochet se apropió en forma maliciosa de bienes de todos los chilenos, en forma claramente criminal", subrayó.
Tres candidatos a la presidencia de la República coincidieron en que el desafuero del ex militar demuestra que nadie está por encima de la Justicia.
La socialista Michelle Bachelet, candidata oficialista, dijo que el fallo demuestra "que tarde o temprano todos deben responder por sus actos".
"Aquí somos todos iguales ante la ley y la Justicia tiene que cumplirse, cualquiera sea el caso", dijo, por su parte, el ultraconservador Joaquín Lavín, ex colaborador de Pinochet.
Sebastián Piñera, del derechista Partido Renovación Nacional afirmó que todos tiene que someterse al Estado de derecho "desde el más poderoso hasta el más humilde".
El gobierno, a través del portavoz Osvaldo Puccio, comentó que una vez más se demuestra que en Chile nadie está por sobre la ley y que en democracia todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes".