Como una "bomba social" calificaron en el Valle el futuro de 9 municipios del área influenciada por "Consorcio Grajales"

Así lo ratificaron habitantes de La Unión, Toro, Zarzal, Roldanillo, Bolivar y Versalles durante una marcha en la que reclaman los derechos para 12.000 personas que directa o indirectamente se benefician del grupo.
Temen que de darse el cierre de algunas de sus empresas, quedarían cesantes unas 5.800 personas que trabajan en ese conglomerado, que tiene su epicentro en la producción de uvas y procesamiento de vinos.
"Se está fraguando un peligroso caldo de cultivo con repercusiones impredecibles para una región en la que muchos derivan su sustento de actividades agroindustriales", alertó el gobernador Angelino Garzón.
Le pidió al gobierno central medir las consecuencias sociales que puede ocasionar la intervención de la justicia en las propiedades del conglomerado, en particular sobre el complejo de la uva en La Unión.
Para el efecto convocó para este domingo una reunión con los alcaldes de los municipios en esa área de influencia a la que invitó a los ministros del Interior y Agricultura.
Un grupo de congresistas y diputados de ese departamento, reclaman celeridad de la justicia para tomar decisiones que permitan cumplir el precepto del derecho al trabajo y la buena fé de los vallecaucanos.
Advierten que las investigaciones respectivas frente a los delitos por los que se investiga a los representantes del grupo deben seguir su curso normal para claridad de los colombianos.
Pero le piden al gobierno que intervenga de manera directa y rápida para que, luego de la congelación de cuentas del sector bancario, no se afecten las familias que trabajan honestamente.