A juicio alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoesnigsberg y asegurado ex alcalde de la ciudad, el padre Bernardo Hoyos
Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción llamó a juicio al alcalde de Barranquilla, Guillermo Enrique Hoesnigsberg Bornacelly, por supuestas irregularidades en el pago de un contrato cuando se desempeñaba como jefe de la oficina de presupuesto en la mencionada ciudad, en 1993.
Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción llamó a juicio al alcalde de Barranquilla, Guillermo Enrique Hoesnigsberg Bornacelly, por supuestas irregularidades en el pago de un contrato cuando se desempeñaba como jefe de la oficina de presupuesto en la mencionada ciudad, en 1993.Por los mismos hechos fue cobijado con medida de aseguramiento con el beneficio de la libertad, al ex alcalde de barranquilla el Padre Bernardo Hoyos.El caso ocurrio en en 1993 cuando el entonces alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya celebró un contrato con Fernando Jorge Thorne para la remodelación interna y externa del edificio de la Alcaldía, edificio que había sido comprado al Banco de la República por 500 millones de pesos. Según la investigación el señor Hoesnigsberg autorizó la entrega de 1.490 millones de pesos, para la realización de la obra sin que hubiese iniciado, es decir se pago, el 94 por ciento del precio total de la contratación. En ese mismo año y cinco meses después de que el contratista recibiera la suma antes mencionada, la administración distrital aprueba la adición de 1.500 millones de pesos al contrato inicial, dinero que de acuerdo con el contratista hacía falta para la culminación de la obra. Posteriormente, en mayo de 1998, cuando nuevamente se desempeñaba como alcalde el padre Bernardo Hoyos Montoya, la administración pagó cerca de 3.500 millones de pesos al contratista Thorne Brown bajo la figura de --arreglo directo--; suma reclamada por el contratista por concepto de pago de intereses que se le adeudaban y mayores cantidades de la referida obra. La Fiscalía señalo que no serán detenidos en consideración a que estas personas no constituyen un peligro para la sociedad.




