Bloqueo en la vía principal hacia la Paz y marcha indígena, abren semana de protestas en Bolivia

El bloqueo de una vía principal y una marcha de indígenas aymaras desde el altiplano hacia La Paz abrieron hoy una semana de protestas en Bolivia, que puede alcanzar su mayor tensión el miércoles con una huelga en la ciudad de El Alto.
Autoridades del Ministerio de Gobierno (Interior) confirmaron hoy el inicio de las protestas en el occidente del país y que se prevén otras en el oriente durante la semana, en coincidencia con la posible aprobación por la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Hidrocarburos.
El corte de la ruta que cruza Bolivia de este a oeste comenzó en las localidades altiplánicas de Patacamaya y Lahuachaca, a más de cien kilómetros de La Paz, en la carretera que se dirige hacia la ciudad de Oruro, según el director de Prevención de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Gregorio Lanza.
Esa vía, de intenso tránsito, conecta la zona productora del oriente del país con los puertos del Pacífico en Chile y Perú.
Los manifestantes reclaman a la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz que mantenga abiertas unidades de estudio en esa región y al Gobierno que se abran escuelas de magisterio.
Una vía secundaria, entre la mina Colquiri, situada en el sur del departamento de La Paz, y la ciudad de Oruro, también fue cortada por vecinos, que piden más recursos para la educación.
En tanto, el dirigente aymara Lucio Colque Choque, miembro del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq), informó de una marcha que partió hoy desde la localidad de Konani a La Paz, a donde prevé llegar el lunes próximo.
La acción busca que la Ley de Hidrocarburos garantice los derechos de los pueblos indígenas y que el Congreso avance en la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Pero la preocupación mayor del Gobierno está centrada en resolver la amenaza de una huelga generalizada en El Alto, urbe vecina de La Paz, para que se concrete la expulsión inmediata de la empresa Aguas del Illimani, filial de la multinacional francesa Suez.
Un grupo de dirigentes vecinales alteños comenzó una huelga de hambre hace una semana y ya son 16 las personas que se han unido a esa medida de presión contra la firma, cuyo cese de contrato fue aprobado por el Ejecutivo, que encara una negociación con la empresa para evitar demandas judiciales.
Lanza convocó a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) local a "encontrar una solución negociada" junto a los alcaldes de La Paz y El Alto, las dos ciudades donde presta sus servicios desde 1997 esta compañía, acusada de no ampliar la cobertura del servicio y de cobrar tarifas altas.
La Superintendencia de Saneamiento Básico ha pedido entre seis y siete meses para realizar una auditoría del trabajo de la empresa, lo cual contradice la demanda de los alteños de expulsar inmediatamente a Suez.
Otras localidades del oriente del país, donde se encuentran importantes recursos petroleros, han amenazado con desatar esta semana otra ola de protestas y bloqueos de las carreteras que unen esa región y el territorio argentino para pedir beneficios de la nueva ley petrolera.
Es el caso de Camiri, a unos 300 kilómetros de Santa Cruz, cuyos líderes cívicos anunciaron hoy que este martes cortarán la vía para pedir que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tenga una base de operaciones en esa pequeña ciudad conocida como "capital petrolera" del país por su auge en el pasado.