Bélgica exige mayor presión para una solución pacífica al conflicto armado colombiano

Las diputadas belgas que esta semana se reunieron en Bogotá con representantes gubernamentales y sociales colombianos pidieron a la comunidad internacional que siga presionando a las autoridades de Colombia para que pongan fin al conflicto armado mediante negociaciones.
La delegación informó hoy en una rueda de prensa a su regreso de Colombia, adonde viajaron al cumplirse el tercer aniversario del secuestro de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para evitar que caigan en el olvido las más de 3.000 personas secuestradas en el país suramericano.
Las diputadas viajaron del 18 al 22 de febrero a la capital colombiana con el fin de expresar a las autoridades su inquietud respecto a la situación de los Derechos Humanos y de las personas secuestradas, desplazadas y amenazadas.
Las parlamentarias, que se reunieron con varios representantes del Gobierno, de organizaciones no gubernamentales y de sindicatos, declararon que les chocó mucho constatar "la enorme desigualdad social, que el Estado colombiano sea incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y que todas las partes, Gobierno incluido, violan los Derechos Humanos".
También expresaron su preocupación por el hecho de que el Gobierno colombiano califique la situación como "un problema de terrorismo", y manifestaron su convencimiento de que se trata de un "conflicto armado".
Según la diputada liberal Fauzaya Talhaoui, "al no reconocer las autoridades colombianas que se trata de un conflicto armado, no se sienten obligadas a buscar una solución humanitaria".
La delegación parlamentaria se reunió en Bogotá con el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, y le hizo algunas sugerencias respecto al problema de los rehenes.
Las diputadas le explicaron que apoyan la idea de un acuerdo político basado en negociaciones entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, con vistas a la liberación de las personas retenidas.
También respaldaron el proceso de desmilitarización de los paramilitares, pero insistieron en que debe de haber un marco legal que impida la impunidad de los verdaderos criminales.
Además, pidieron al Gobierno se esfuerce más para permitir la integración de los desplazados y para crear una verdadera política social.
Las diputadas destacaron hoy que continuarán su acción de sensibilización en las próximas semanas y que con tal fin se reunirán el próximo marzo con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para hablar del papel que puede desempeñar la Unión Europea (UE) en la solución del problema.
Además, plantearán la situación del conflicto armado y de la crisis humanitaria en Colombia durante la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, también en marzo, y pedirán a Bélgica que apoye con fondos a las asociaciones colombianas que luchan por una solución pacífica.
"Vamos a movilizar a cuantas personas sea necesario para ejercer una presión internacional sobre el Gobierno colombiano", aseguraron las diputadas.