Piden 17 años de cárcel para cien presuntos paramilitares en Venezuela. Denuncian irregularidades en el juicio

En la primera audiencia del proceso, la fiscalía también solicitó penas de 27 años para el general retirado Ovidio Poggioli, los coroneles Jesús Faría y Jesús Castro, y los capitanes Rafael Farías y Javier Quintero, además de 12 años para el capitán Javier Nieto, todos ellos venezolanos

La Fiscalía Militar venezolana pidió hoy 17 años de cárcel para los cien presuntos paramilitares colombianos capturados en mayo de 2004 cerca de Caracas vestidos con uniformes de combate.

En la primera audiencia del proceso, la fiscalía también solicitó penas de 27 años para el general retirado Ovidio Poggioli, los coroneles Jesús Faría y Jesús Castro, y los capitanes Rafael Farías y Javier Quintero, además de 12 años para el capitán Javier Nieto, todos ellos venezolanos.

El juicio, que continuará este jueves, con la intervención de los abogados de los acusados, se celebra en el Consejo Permanente de Guerra de Caracas, presidido por el capitán de navío Máximo González.

La Fiscalía Militar consideró que los acusados planeaban subvertir el orden mediante una serie de acciones desestabilizadoras que hubiesen preparado el terreno para una intervención extranjera.

En la audiencia se mencionó como presuntos cómplices al diputado socialdemócrata Rafael Marín, a Gustavo Zingg, integrante del Bloque Democrático, que agrupa a radicales de derecha, y a Robert Alonso, de origen cubano y dueño de la finca donde fueron capturados los presuntos paramilitares.

El grupo fue detenido en un campamento descubierto en las afueras de Caracas y del mismo formaban también parte nueve menores de edad, entre ellos una muchacha de 15 años embarazada, que fueron repatriados a Colombia a mediados del año pasado.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo tras la captura de los presuntos paramilitares que se les aplicaría "todo el peso de la ley, porque vinieron a matar y a asesinar".

El gobierno afirmó que se trata de "paramilitares y no de presuntos paramilitares" y planteó que fueron contratados por sectores radicales de la oposición venezolana para "matar a Chávez, generar el caos político y alentar una posterior invasión militar extranjera".

El entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela, Charles Shapiro, se mostró "muy preocupado" y dijo que los presuntos paramilitares colombianos no eran "'boy scouts' (niños exploradores) ni vinieron de campamento".

"Alguien organizó ese grupo para llegar hasta aquí. Alguien les pagó", añadió el embajador estadounidense.

Denuncian irregularidades procesales

Este miércoles se celebró la primera audiencia oral y pública en el juicio de los paramilitares colombianos capturados en Venezuela el pasado mes de mayo. El abogado del coronel Javier Nieto Quintero, Alonso Medina, denunció que existen "reiteradas violaciones a los principios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal".

"Genera preocupación que en esta primera parte ya hayan sido reiteradas las violaciones a los principios procesales establecidos en el COPP, la exposición del Ministerio Público se limitó a una lectura y lo más grave es que con la anuencia del tribunal militar, que no fue sino en la parte final cuando le llamó al atención al MP que introdujo unas pruebas complementarias, sin haber señalado el origen de las mismas y una cantidad de errores procesales que evidencia la falta de parcialidad y equidad del proceso".

En el inicio de esta etapa estuvieron los imputados, ellos son; los coroneles de la Guardia Nacional Jesús Farías y Jesús Castro Yéllez, el capitán de la GN, Javier Nieto Quintero y los capitanes del Ejército, Rafael Ángel Farías Villasmil y el capitán Javier Quintero González.

Entre los alegatos del Ministerio Público, destacó la intervención del fiscal Lisandro Bautista Landaeta quien dijo que en la comisión del presunto delito hubo un preámbulo a una intervención extranjera, a lo que el abogado Rafael Terán replicó que debía dejarse en acta la inexistencia de argumentos para la acusación.

Además fueron acusados de estar vinculados al caso, el diputado Rafael Marín y los miembros del Bloque Democrático, Gustavo Zingg y Robert Alonso sobre quienes pesa una orden de aprehensión. También se pudo conocer que se está tramitando el antejuicio de mérito contra el parlamentario Marín.

Cargando