Venezuela podría solicitar extradición de funcionarios colombianos implicados en secuestro de Granda

Bogotá --- El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, señaló que si el Ministerio Público establece las responsabilidades penales correspondientes en la investigación sobre el secuestro del dirigente de las Farc, Rodrigo Granda Escobar, solicitará la extradición de los funcionarios del gobierno colombiano a los fines de que sean juzgados en Venezuela por la comisión de hechos punibles cometidos en el país.
Rodriguez afirmó que dio instrucciones a los fiscales 50 nacional con competencia plena y 78 del área metropolitana de Caracas, Alejandro Castillo Soto y Edilia Coromoto Almarza, respectivamente, para que analicen las responsabilidades penales en que pudiera haber incurrido el Ministro de la Defensa de Colombia y el capitán de la policía colombiana que ingresó al país, identificó a Granda y dio las indicaciones a los tres distinguidos y al teniente de la GN venezolanos, actualmente
detenidos, para que se trasladaran desde el Táchira a Caracas a fin de proceder al secuestro de Granda.
El máximo representante del Ministerio Público explicó que los funcionarios colombianos pudieran ser corresponsables en la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro).
Explicó que se trata de un delito de ejecución permanente. El Fiscal General precisó que luego de las declaraciones dadas por el
ministro de la defensa "en el sentido de que había pagado una recompensa lo hace a él estar incurso en la comisión de ese delito (privación ilegítima) en Venezuela".
No obstante, el Fiscal General acotó que los funcionarios colombianos pudieran ser juzgados en su país: "Sí son juzgados en su país no serían juzgados en Venezuela de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Código Penal y la legislación internacional. Pero si no son juzgados en su país nosotros vamos adelantar en Venezuela, a través del Ministerio Público, las acciones penales correspondientes".
Este caso está siendo investigado, por una parte, por la Fiscalía Militar, que está sustanciando los delitos en pudieran haber incurrido los funcionarios militares detenidos pudiera, de acuerdo con los hechos punibles establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar.
Por otra parte, desde el Ministerio Público se analizará cuáles son las precalificaciones con las cuales se hace la presentación de los militares detenidos ante la jurisdicción militar y, "sobre esa base, estableceríamos nosotros en definitiva cuál es la competencia que debe asumirse para conocer de esta investigación. Estamos ante la presencia de un delito de jurisdicción ordinaria, en principio. De ser necesario, pudiéramos plantear en algún momento el conflicto de competencia. Por lo
pronto esperamos las actuaciones de la fiscalía militar", dijo. En relación con la participación de funcionarios del CICPC en este hecho, indicó que hasta este momento el Ministerio Público no tiene confirmada esta posibilidad. Apuntó que conversó con el comisario Marcos Chávez, directivo de ese órgano de investigación, a fin de que le suministrara la información al respecto. "No hay una confirmación todavía
precisa de que ellos hayan participado", reiteró.