Inspectores examinaron contaminación en la Amazonía ecuatoriana

Coca (Ecuador).---La primera etapa de inspecciones judiciales en una zona amazónica de Ecuador presuntamente contaminada por la multinacional Texaco durante veinte años terminó con la recogida de muestras de agua y tierra para analizarlas.
Luis Yanza, coordinador del proceso legal contra Texaco, se declaró "satisfecho" por el desarrollo de las inspecciones.
Yanza dijo a EFE que no se ha registrado ninguna incidencia en la recopilación de las muestras, que serán analizadas separadamente por expertos contratados por los demandantes y por otros de la compañía estadounidense.
Las inspecciones, que comenzaron el miércoles y en las que participan unas cien personas, se desarrollan en el contexto de un juicio que promovieron unos 30.000 colonos e indígenas ecuatorianos contra la Texaco en la Corte de Nueva Loja, en la provincia amazónica de Sucumbíos.
Los demandantes cifran en 6.000 millones de dólares el costo de reparar el daño ambiental, aunque creen que esa cifra podría aumentar conforme avancen las investigaciones porque creen que la zona continúa en proceso de contaminación.
Los expertos de los demandantes realizan los análisis de las muestras en el mismo lugar de la recogida con laboratorios móviles, pero los representantes de Texaco dudan de la validez de esos análisis y procesarán sus muestras en la Universidad Central (estatal) de Quito y en laboratorios de Estados Unidos.
En una fecha aún no determinada se presentarán los dos informes al juez de Sucumbíos, Efraín Novillos, para que sean analizados por sus peritos, que también asisten a la recogida de muestras, que se obtienen incluso del subsuelo mediante perforaciones con equipos especiales.
Los demandantes aseguran que es precisamente bajo la tierra donde se registra la mayor contaminación causada por Texaco, que a su vez niega toda responsabilidad, al asegurar que abandonó la zona hace catorce años.
Por ello responsabilizan a la empresa estatal de Ecuador, Petroecuador, de cualquier posible contaminación en la zona, pues la empresa estadounidense fue liberada de toda responsabilidad en 1998 cuando presentó un informe de la reparación ambiental de los daños que en esa época fueron detectados.
Tanto Ricardo Reis Veiga, vicepresidente y consejero de Chevron-Texaco, como Jaime Varela, presidente de Chevron-Texaco en México, que participan en las inspecciones, insisten en que las piscinas abiertas por su empresa hace varios años han quedado completamente cubiertas.
Los representantes de Texaco alegan que la posible presencia de restos de hidrocarburos en la zona no representa contaminación, pues la reparación ambiental no obliga a retirar todo ese producto, sino a tratarlo de tal manera que no represente peligro.
Las inspecciones judiciales se realizarán en unos 122 sectores situados en las provincias de Sucumbíos y Orellana, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente.
El juez deberá determinar un calendario para las inspecciones futuras dentro del juicio en el que se exige la reparación ambiental de las zonas supuestamente afectadas y en donde, según denuncias de los pobladores, se han detectado casos de enfermedades como cáncer, afecciones a la piel y abortos.
Texaco, que mantiene una demanda arbitral contra Petroecuador en Estados Unidos, considera que cualquier reparación debe correr a cargo del Estado ecuatoriano.
Aducen que así está estipulado en el convenio de asociación suscrito cuando Texaco inició sus operaciones en Ecuador (1964), pero el Estado lo niega y rechaza el arbitraje por considerar que no se puede juzgar a un país soberano con leyes estadounidenses.