Fiscal defiende sus reformas a los códigos penales

BOGOTA.----El Fiscal General, Luis Camilo Osorio, destacó la implementación del sistema oral en la justicia penal colombiana porque agilizará las decisiones de los funcionarios judiciales y anotó que se garantizará el debido proceso y el derecho de defensa, pero no el abuso de los apoderados.
El funcionario dijo que los abogados y a los operadores de la justicia han venido siendo preparados sobre ese nuevo sistema, para que se acomoden a este tipo de actividades .
Dejó entrever que no serán demasiados los gastos para aplicar el nuevo sistema acusatorio.
En cuanto a las reformas que en materia de extradición se incluyeron en los proyectos presentados al Congreso de la República para que esta sólo se tramite por vía administrativa, el fiscal dijo que la extradición está edificada sobre el fundamento de la credibilidad que se da al país solicitante de la persona que supuestamente lo afectó desde el interior de Colombia o fuera de ella.
Cabe recordar que hasta hoy la gestión de la Corte Suprema de Justicia -como sus propios magistrados lo han reconocido en varias oportunidades- sólo ha sido administrativa porque así lo determina el Código de Procedimiento penal, y
no garantiza el respeto al debido proceso del ciudadano solicitado, porque no tiene competencia para analizar pruebas, pues ellas le corresponde diligenciar o atender a la justicia del país peticionario..
Dijo el fiscal Osorio Isaza que las garantías del extraditado deben estar fundadas en las garantí que ofrece el otro país y que simplemente en aras de la cooperación es que Colombia extradita a sus ciudadanos.
Recordó que lo que se revisa antes de proceder a la extradición es que haya una identidad clara
para que no se vayan a llevar a quien no corresponda y en segundo lugar que no haya una doble incriminación, que esa persona no sea juzgada por el mismo delito en ambas naciones.
También la Corte revisa que los delitos por los cuales se le juzga no esté prescritos en Colombia, que no incorporen la pena de muerte o la cadena perpetua.
Esas mismas diligencias también las cumple el Ministerio de Justicia y la Cancillería.