Corte tumbó parcialmente facultades especiales de zonas de rehabilitación

Por Felipe Gómez Maldonado.
Bogotá.---- El Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, deberá emitir un decreto legislativo que delimite las zonas de rehabilitación y consolidación, pero con la firma de todos sus ministros porque se trata de controlar derechos a los habitantes de las regiones de Bolívar, Sucre y Arauca.
La anterior decisión fue tomada por la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 12 del decreto administrativo 2002 del 2002 que autorizó al jefe del estado, a que delimitara esas regiones .
La norma que fue declarada exequible parcialmente, decidió también declarar inexequible el artículo primero mediante el cual se ordenaba al fiscal general y al procurador general designar funcionarios en cada unidad operativa menor o sus equivalentes con dedicación exclusiva porque estos funcionarios son civiles que no pueden ser enviados a las áreas de combate.
Varias de las disposiciones que permitían la captura sin autorización judicial la interceptación o registro de comunicaciones o la inspección o registro domiciliario y allanamientos como lo permitía el decreto, fueron tumbadas por la Corte porque la fuerza pública y el DAS no forman parte de la policía judicial.
"Se entiende que la policía judicial es auxiliar de los jueces, como lo determina el Código de Procedimiento penal, y no abarca a las fuerzas militares", dijo el ponente Alfredo Beltrán .
Igualmente la Corte consideró que en la hipótesis prevista en el artículo segundo para que se pueda realizar la captura mediante comunicación verbal, resulta contraria a la carta política; que resulta inconstitucional que cuando no se apruebe la comunicación verbal, se deban registrar de inmediato por el juez las razones que motivaron la negativa informando de inmediato a la autoridad 24 horas después, pues pone a los jueces a rendir informes a autoridades administrativas sobre las razones de sus decisiones, menoscabando la autonomía de la rama judicial.
La Corte no aprobó la interceptación o registro de comunicaciones sin orden del juez porque se viola la intimidad personal.
En cuanto hace referencia a la inspección o registro domiciliario y su allanamiento, la corte consideró que debe mediar orden judicial en todos los casos.
Consideró que en los casos de inspección o registro no domiciliario por parte de la fuerza pública, no puede hacerlo porque no es policía judicial, pero sí puede hacerlo para prevenir delitos.