Colombia, un país de excluidos, dice estudio de la Contraloría

Bogotá.---El Estado colombiano ha sido incapaz de crear mecanismos para que sus nacionales se sientan parte de la economía, de la sociedad y de sus beneficios, por los altos niveles de exclusión social, según un estudio de la Contraloría.
El documento, realizado por un grupo interdisciplinario de ese organismo estatal de control fiscal, coordinado por el analista Luis Jorge Garay, se apoya en indicadores sociales y económicos para señalar que el principio según el cual Colombia es un "Estado Social de Derecho", dista mucho de ser una realidad.
La exclusión económica, señala, se da por la desigualdad en los ingresos; por un mercado laboral que impide obtener ingresos regulares, y por la imposibilidad de los individuos para acceder a activos.
Los ingresos de los colombianos pasaron de un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 2.145 dólares en 1995 a 1.798 dólares en 2000, produciéndose un empobrecimiento de la sociedad y un aumento de la exclusión por ingresos entre su población.
El grupo de mayores ingresos aumentó su participación en el ingreso en detrimento del grupo más pobre y en tres años los primeros pasaron de ganar 21,4 veces a 26,3 veces más que los pobres.
En Colombia el 20 por ciento de los hogares más ricos concentra el 52 por ciento de los ingresos, mientras que el 59,8 por ciento de la población (25,7 millones de los 43 millones) son pobres o indigentes.
Un 23,4 por ciento (10 millones) viven en la indigencia, lo que significa que uno de cada cuatro colombianos no tiene para la canasta básica de alimentos. Diez años antes era uno de cada cinco.
El informe advierte de que la concentración del ingreso acelera la reproducción de la pobreza.
Según el análisis el gasto social ha mitigado en algo la situación de los más pobres, pero con resultados insuficientes.
Advierte de que las "sucesivas reformas tributarias" han impedido una estructura impositiva progresiva, que apoye la redistribución de la renta y que la dependencia de impuestos indirectos ha "generando efectos perversos" que afectan a toda la población y no más a aquellos que tienen mayores rentas.
El desempleo y el empleo en condiciones muy precarias, que suman el 50 por ciento de la población económicamente activa -un nivel histórico-, son otras formas de exclusión para un grupo altamente vulnerable, que puede caer en la pobreza o la indigencia, manifiesta el informe.
En Colombia cerca del 37,6 por ciento de los ocupados tienen ingresos mensuales inferiores a 118,84 dólares.
En el sector rural a pesar de los intentos de reforma agraria, la propiedad sigue concentrándose "en buena parte mediante la utilización de recursos de origen ilícito y la promoción del desplazamiento forzado".
El 1,08 por ciento de los propietarios son dueños del 53 por ciento de la tierra, cuando diez años atrás un 1,4 por ciento poseía el 46 por ciento.
El estudio revela que las diez empresas mayores del país absorben el 75 por ciento del mercado de capitales, y en cuanto al crédito, asevera que la concentración es excluyente y alta, pues los 50 mayores deudores del sistema financiero absorben el 20 por ciento de la cartera comercial y los 1.500 mayores deudores, el 75 por ciento.
El compendio de exclusiones hace referencia al bajo acceso a la vivienda; a la privación de educación para grandes sectores de la población y a la baja calidad de la pública, y a los problemas en salud, que en el caso de los niños "puede producir secuelas permanentes".