Movimiento católico denuncia "industria" del secuestro Colombia

Madrid.--- El secuestro es un "delito atroz" que en Colombia se ha convertido en una "industria multimillonaria" y contra el que la Unión Europea debería adoptar una política común que también sirva de guía a las empresas inversoras.
Este y otros planteamientos, como el de la necesidad de que el Estado colombiano fortalezca su sistema judicial, fueron expresados en Madrid en un seminario organizado por el movimiento católico internacional Pax Christi dentro de la campaña que promueve en toda Europa contra "La industria del secuestro en Colombia".
El seminario, inaugurado el miércoles y que tendrá este jueves una segunda rueda de ponencias, contó con la participación de varios miembros de Pax Christi-Holanda, de víctimas del secuestros y de representantes de organizaciones vinculadas a la lucha contra el secuestro.
Además, en la primera jornada del seminario fue exhibido un documental del cineasta colombiano Carlos Alvarez con testimonios de víctimas del secuestro o de sus familias y con cifras sobre los elevados beneficios económicos que obtienen los secuestradores con el cobro de rescates.
La coordinadora del Departamento de Latinoamérica de Pax Christi-Holanda, Liduine Zumpolle, aseguró que su organización expondrá en las próximas semanas todos sus argumentos sobre el "martirio" que supone el secuestro en sendos seminarios organizados en París y Amsterdam.
Además, dijo que Pax Christi irá a Bruselas para denunciar la "industria del secuestro" ante el Parlamento Europeo y para pedirle la elaboración de un "código de conducta política común" de los Quince que vincule -dijo- no sólo a los estados sino también a los empresarios presentes en Colombia o futuros inversores en el país.
Zumpolle manifestó su posición favorable a la actitud del "No Pago" de rescates a los secuestradores porque ese flujo de dinero "es el que hace que los delincuentes, ya sean guerrilleros, paramilitares o delincuentes comunes, fortalezcan sus finanzas, se equipen mejor y endurezcan la guerra".
El pago del rescate, según Zumpolle, contribuye a financiar la guerra, y si la guerra rinde tanto económicamente, no hay esperanza de que se vaya a detener.
Liduine Zumpolle también culpó de la impunidad en que quedan tantos casos de secuestro a la "corrupción y la falta de autoridad en Colombia, donde, además, prácticamente no hay justicia".
Otro de los ponentes, el empresario colombiano Rodrigo Ramiro Tafur, quien sufrió el secuestro de una hija y de una sobrina, también defendió la postura del "No Pago" a pesar, dijo, de "lo difícil que es ir en contra de los sentimientos y decidir no pagar el rescate por un miembro de la familia".
Tafur considera que es fundamental que los colombianos y la comunidad internacional entiendan que pagar rescates, "muchas veces de dos, tres o cinco millones de dólares", proporciona mucho dinero "que sirve a los grupos paramilitares y guerrilleros para comprar armas y seguir la guerra".
El empresario expresó además que uno de los grandes "deberes" de los ciudadanos colombianos y extranjeros residentes en el país, es el de incrementar las medidas de seguridad y evitar dar oportunidad a los delincuentes.
Otro ponente, el director del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad personal (Fondelibertad), dependiente del Ministerio de Defensa colombiano, Juan Francisco Mesa, destacó la eficacia de luchar "directamente contra los secuestradores antes que contra el secuestro".
Mesa afirmó que las autoridades colombianas han incrementado sus esfuerzos para capturar y enjuiciar a los secuestradores y, en tanto que esta política ha demostrado su eficacia, expresó su deseo de que el próximo Gobierno (del presidente electo, Alvaro Uribe) "continúe esa política que ha mostrado beneficios y parece ser que no sólo con el secuestro sino con otros delitos".