JEP imputa a ocho exintegrantes de Inteligencia Militar por genocidio de la Unión Patriótica

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos mientras eran integrantes de unidades de inteligencia militar estratégica en Bogotá, entre 1985 y 1993.

La decisión hace parte de los Casos 06, sobre el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), y 08, sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.

La Sala establece que integrantes de la unidad conocida inicialmente como Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), luego Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y, posteriormente, de la Brigada XX desplegaron dos patrones criminales. El primero estuvo dirigido contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica.

El segundo se dirigió contra integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP, quienes fueron detenidos, asesinados y en algunos casos desaparecidos forzosamente mientras estaban fuera de combate. Según la Sala, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) conoció de los hechos investigados.

La investigación de la Sala de Reconocimiento expone un aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército Nacional que recogía información por blancos previamente definidos, hacía seguimientos, producía señalamientos y coordinaba operaciones clandestinas.

Los dos patrones identificados por la Sala de Reconocimiento de Verdad

El primero fue la estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamiento, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP).

El segundo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos contra miembros de las guerrillas del M-19, del EPL y de las FARC-EP.

Las conductas criminales ocurrieron entre 1985 y 1993 y tuvieron como finalidad impedir un levantamiento insurreccional en la ciudad de Bogotá.

Los llamados a reconocer responsabilidad

Los sargentos mayores (r) Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; y los sargentos viceprimeros (r) Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.

Los otros cuatro fueron seleccionados por el liderazgo que ejercieron sobre la estructura y sus operaciones: el coronel (r) Carlos Armando Mejía Lobo, el teniente coronel (r) Camilo Pulecio Tovar, el coronel (r) Óscar Diego Sánchez Vélez y el brigadier general (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado.

Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió remitir tempranamente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP al general (r) Iván Ramírez Quintero, dada su presunta participación determinante en ambos patrones y su negativa a aportar verdad plena en las múltiples veces que ha sido requerido por la JEP.

Estos imputados tendrán 15 días hábiles para manifestar si aceptan o no los delitos. Si aceptan se tomarán la ruta de las sanciones propias que no implican cárcel.

Si no aceptan serán remitidos a la Fiscalía de la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación que los puede llevar a juicio y de ser vencidos se exponen a pagar hasta 20 años de cárcel.