Corte cita a la directora administrativa del Senado por caso ‘sexocontratos’: ¿Qué pasó?
La directora administrativa del Senado fue citada para el próximo 17 de noviembre, luego de que el alto tribunal abriera un incidente de medida correctiva por las dificultades que habrían enfrentado funcionarios judiciales para ingresar al Congreso y recaudar pruebas relacionadas con la denuncia de Deyci Alejandra Jiménez contra el presidente Gustavo Petro.

Corte cita a la directora administrativa del Senado por caso ‘sexocontratos’: ¿qué pasó?

Astrid Salamanca, quien recientemente fue reelegida como directora administrativa del Senado, deberá comparecer el próximo martes 17 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, ante el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Corte Suprema de Justicia.
La diligencia busca que Salamanca explique las circunstancias en las que se habría presentado una obstrucción a una inspección judicial ordenada por el alto tribunal. Por estos hechos, la Corte abrió en su contra un incidente de medida correctiva, mecanismo que permite a los magistrados adoptar medidas frente a actuaciones que puedan entorpecer el desarrollo de una investigación o el cumplimiento de una orden judicial.
El episodio se originó cuando funcionarios del despacho del magistrado Fonseca llegaron a las instalaciones del Congreso para adelantar una inspección y recopilar documentos relacionados con los contratos que habría suscrito Deyci Alejandra Jiménez con el Estado.
De acuerdo con lo conocido, en un primer momento los funcionarios no pudieron ingresar a las instalaciones del Senado para desarrollar la diligencia. Esta situación habría retrasado la inspección y dificultado la recolección de los elementos probatorios que buscaba la Corte.
Por esta razón, el magistrado quiere conocer la versión de Salamanca y establecer si su actuación impidió o retrasó injustificadamente el cumplimiento de la orden judicial.
¿Qué investiga la Corte Suprema?
La actuación hace parte de la indagación que adelanta la Corte Suprema a partir de las declaraciones de Deyci Alejandra Jiménez, quien denunció presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de contratos estatales a cambio de favores sexuales y señaló al presidente Gustavo Petro.
Dentro de la información que busca verificar el alto tribunal están los diez contratos que Jiménez habría celebrado con entidades del Estado, siete de ellos con el Congreso de la República.
Su vinculación con el Senado comenzó en agosto de 2021, cuando suscribió un contrato por 2,7 millones de pesos para prestar servicios de apoyo en el área de recursos humanos. Posteriormente, entre octubre y diciembre de ese mismo año, firmó otro contrato con una remuneración cercana a los 1,8 millones de pesos mensuales.
Durante 2022 volvió a ser contratada por el Congreso para desarrollar actividades similares, hasta julio de ese año. Meses después, en septiembre, cuando Gustavo Petro ya había asumido la Presidencia, suscribió un nuevo contrato, esta vez para labores relacionadas con la gestión documental y de archivo, con honorarios cercanos a los 3,1 millones de pesos mensuales.
En 2023 se registraron tres vinculaciones contractuales adicionales con el Congreso. Una de ellas estaba relacionada con el apoyo a las actividades de la Vicepresidencia del Senado, que para ese momento estaba a cargo de la entonces senadora del Pacto Histórico María José Pizarro.
La inspección judicial busca precisamente recaudar información sobre estas contrataciones y establecer las circunstancias en las que se produjeron.

Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...




