Se reaviva la polémica sobre el suicidio asistido en EEUU

WASHINGTON.--- La decisión de un juez federal de ratificar una ley sobre "suicidio asistido" ha reavivado el debate sobre la eutanasia que enfrenta a sectores liberales con los más conservadores de la sociedad de EEUU.
El dictamen del magistrado Robert Jones, que mantuvo en vigencia la ley del estado de Oregón fue un revés para el secretario de Justicia, John Ashcroft, quien trató de derogarla "por razones ideológicas", según dijo.
Para sus partidarios, entre ellos médicos y enfermos desahuciados, el fallo judicial constituyó un "triunfo para la democracia".
Los ciudadanos de Oregón aprobaron la Ley de Muerte con Dignidad en 1994 y la ratificaron en 1997 convirtiendo a Oregón en el primer estado que legaliza el "suicidio asistido" por médicos.
Desde entonces, al menos 70 personas, la mayoría con enfermedades incurables, se suicidaron administrándose drogas prescritas por sus médicos.
El año pasado Ashcroft, considerado uno de los elementos conservadores del Gobierno republicano del presidente George W. Bush, emitió un decreto en que afirmó que, según la Ley para el Control de Sustancias, el suicidio asistido no era "propósito médico legítimo" y que la prescripción de sustancias letales bajo control federal era ilegal.
Sin embargo, Jones afirmó el miércoles en Portland, Oregón, que el decreto no tenía valor por cuanto la Ley para el Control de Sustancias había sido concebida contra narcotraficantes y drogadictos.
"No prohíbe que los médicos prescriban y administren sustancias bajo control de acuerdo con un acto legislativo del estado cuidadosamente redactado", dijo.
La Ley de Muerte con Dignidad establece que un enfermo desahuciado de Oregón que proyecte suicidarse debe obtener una certificación de parte de al menos dos médicos en el sentido de que está en sus cabales y le quedan menos de seis meses de vida.
Superado ese obstáculo, el médico le receta sustancias letales que el paciente debe administrarse a sí mismo para concretar su suicidio asistido.
Nico van Aelstyn, consejero jurídico de la Federación para la Compasión por los que Mueren, afirmó que la decisión del juez fue "una importante victoria para la democracia y el imperio de la ley".
En una conversación con periodistas agregó que el magistrado aclaró al secretario de Justicia que se deben respetar las decisiones de Oregón y se debe respetar la ley.
"Hoy me siento liberado una vez más. Tengo una opción. Siento que mi vida continúa indefinidamente porque ahora sí sé cómo puedo morir y cuándo puedo morir", indicó Jim Romney, quien padece una enfermedad muscular progresiva incurable.
Sin embargo, Robert McCallum, vice fiscal general de la División Civil del Departamento de Justicia, afirmó en Washington que "la medicina es el arte de preservar la salud, tratar de enfermedades o aliviar el dolor. El suicidio asistido no es medicina".
Agregó que se contrapone a la sagrada promesa de los médicos de "preservar la salud, curar las enfermedades, aliviar el dolor y no poner fin a una vida mediante drogas mortales".
En la polémica intervino la Iglesia Católica de EEUU que a través de su Conferencia Episcopal criticó el dictamen del juez Jones.
"El suicidio entre los ancianos y los que sufren una enfermedad o una incapacidad grave no es una práctica médica, sino un trágico problema de salud que merece una reacción pensada y compasiva", dijo Cathleen Cleaver, portavoz de la Conferencia Episcopal.
"El suicidio asistido en Oregón ha sido un fraude", agregó.
Cleaver señaló que se suponía que la ley debía constituir una respuesta al problema del dolor incurable y citó cifras de la División de Salud de Oregón según las cuales ninguna de las 27 personas que se suicidaron con asistencia médica en 2001 citó un dolor incontrolable como razón para morir.
"Las razones eran de naturaleza psicológica y social. La triste verdad es que la gente de Oregón se está matando con la ayuda de los médicos porque está deprimida", manifestó.