Compañía pidió descalificar a Colombia de preferencias arancelarias

WASHINGTON.--- La compañía estadounidense Sithe Energies pidió a la Oficina de Comercio Internacional de EEUU descalificar a Colombia como beneficiario de las preferencias arancelarias de la ley andina, por presuntas violaciones a esa legislación.
En la petición presentada ante el responsable de esa oficina, Robert Zoellick, la empresa alega que Colombia ha transgredido dos provisiones de la Ley de Preferencia Comercial Andina (ATPA, en inglés), las cuales permiten no clasificar para preferencias comerciales a los países que no cumplan un contrato con una firma estadounidense.
Además, en esos apartados se estipula que se debe adoptar la exclusión de las naciones que no obedezcan un laudo arbitral en favor de una empresa de EEUU.
Este contencioso también ha sido planteado a la administración de Santa Fe de Bogotá por varios legisladores demócratas y republicanos, que han pedido a las autoridades colombianas que cumplan el laudo arbitral a favor de TermoRío, la empresa colombiana del cual Sithe Energies es el socio mayoritario.
Sithe Energies sostiene que aquel país se niega a cumplir la decisión de arbitraje internacional.
La ATPA expirará el 4 de diciembre y el Gobierno colombiano busca no sólo la prórroga de esa ley, sino también la inclusión de sus textiles y otros productos en la misma.
La compañía peticionaria recuerda que Colombia cuenta con una amplia ayuda económica y militar por parte de la Casa Blanca, a pesar de lo cual ha creado un medioambiente difícil para las compañías de EEUU que quieran invertir en aquel país en el futuro.
Bob Kartheiser, vicepresidente de Sithe Energies, explicó que la postura de Colombia no ha dejado a esta empresa más recurso que el pedir que se le apliquen las sanciones contempladas en el ATPA.
Sithe Energies y otra empresa estadounidense, LeaseCo Group (LLC), son los principales inversores del proyecto de la planta de energía eléctrica TermoRío, a las que se decidió una compensación de 60,3 millones de dólares en una demanda por violación de contrato contra el Gobierno de Colombia, en diciembre de 2000.
Después de una revisión del caso durante 22 meses y en aplicación de las leyes colombianas, el tribunal unánimemente concluyó que el contrato era válidamente compensado.
En este contencioso, el Gobierno de Colombia parece no respetar su compromiso contractual ni el de la compensación, según el profesor George Bermann, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia y experto en comercio internacional y arbitraje.